Sebastián Godínez Rivera
El 2024 fue un año en el que los líderes carismáticos en varias partes del mundo lograron dinamitar la división de poderes. Sobre todo, se hicieron redadas contra el Poder Judicial como en Nicaragua en donde la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, despidió a varios juzgadores; en México el oficialismo impulsó la reforma judicial para elegir jueces mediante voto popular; mientras que Bolivia en medio de disputas entre Evo Morales y Luis Arce se realizaron comicios judiciales.
Estos solo son algunos ejemplos de las naciones que han colonizado espacios para las y los togados en aras de profundizar un proyecto político. En Europa, algunas naciones como Hungría han iniciado procesos para despolitizar a los jueces, en Croacia, el presidente Zoran Milanović amenazó a los jueces constitucionales con la destitución si este ganaba la reelección. En el orbe, el Poder Judicial es visto como un botín para quienes aspiran a controlar todo el Estado.
Sin embargo, dentro de la ola de autoritarismo que recorre el mundo, Alemania ha dado una lección sobre la protección institucional y la división de poderes. En diciembre de 2024, el Bundestag aprobó un proyecto propuesto por la entonces coalición de Liberales, Socialdemócratas y Verdes, quienes brindaron a la Corte Constitucional. Tras un diagnóstico y el análisis de varias naciones que han sometido a las cortes, los germanos optaron por la protección.
La Corte Constitucional Federal de Alemania tiene un papel central en el sistema político y es que se ha consolidado como un árbitro entre los poderes. Esto quiere decir, que sus decisiones han logrado limitar el ejercicio del poder, las funciones del congreso y garantizar derechos. Este blindaje se da en medio del crecimiento de los nacionalistas como Alternativa por Alemania, quienes cuentan con un respaldo del 20% de acuerdo a los sondeos electorales.
El plan completo se titula, Resiliencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán y traslada las funciones de la corte a la Constitución, ya que antes de la reforma su normatividad solo era reglamentaria, la cual podía ser reformada con una mayoría simple. Lo que se plasmará en la Carta Magna tiene que ver con: la duración de doce años del cargo; el límite de edad de 68 años para poder ser juez; el número de dieciséis jueces; el número de dos salas que componen el tribunal; la continuidad en el cargo hasta la designación de nuevos jueces; la eficacia vinculante de las resoluciones del tribunal, y la autonomía organizativa.
Además, se incluirá un nuevo mecanismo para el nombramiento de jueces; actualmente, el Bundestag (Cámara de Diputados) y el Bundesrat (Senado) proponen una terna por cada vacante. Empero, con esta reforma se busca que si las propuestas no logran los votos o el consenso en alguna de las dos cámaras, entonces se propone que haya un cambio en el órgano que designa.
Alemania ha entendido que no es inmune a la ola de partidos radicales que aparecen en el mundo, creerlo así sería un error. Sino que tras analizar el panorama continental y mundial, el país ha optado por prevenir escenarios futuros en los que una fuerza autoritaria pueda ganar el poder y pretenda desmantelar el andamiaje institucional.
Cabe destacar que la nación germana cuenta con esta capacidad de prever escenarios catastróficos debido a su historia política y social. El ascenso del nazismo y la Segunda Guerra Mundial son eventos que han detonado la necesidad de recordar lo que ocurrió con antelación para evitar repetir el futuro. Alemania blindó a su Corte Constitucional para hacer frente al ascenso de partidos antisistema que están ganando apoyo.