El 24 de marzo de 2021, Miguel Alarcón González fue víctima del exceso de velocidad con la que un chofer de la RTP conducía el autobús de pasajeros. A cuatro años del accidente la Contraloría de la CDMX no reconoce la responsabilidad del empleado de RTP.
Así lo narró el señor Miguel Alarcón González, quien destacó que a consecuencia del accidente provocado por el chofer de la Unidad con número económico 34-1531 y placas 301-227, de la línea Atenea, él quedo discapacitado “con ocho clavos en mi columna e intenso dolor crónico, por la imprudencia de un cafre de RTP”.
Explicó que a pesar de que la función de la Contraloría de la CDMX, cuyo titular es Juan José Serrano Mendoza, es la fiscalización, se toma la atribución de impartir justicia, erigiéndose como juez y parte. “La Contraloría CDMX no reconoce la responsabilidad de RTP y me negó una indemnización en su resolución del 13 de febrero de 2023, sentencia de la cual me inconformé ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX y que declaró nula el 20 de octubre de 2023.
Fallo que la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX apeló, pero el 11 de septiembre de 2024 el Tribunal, por segunda ocasión, le reiteró la nulidad de su resolución”, dijo la víctima.
Agregó que la fiscalizadora no se dio por vencida, “y de nuevo se inconformó, y este 10 de marzo de 2025 el Tribunal Administrativo le ordenó de nuevo: “Emita otra resolución en donde se admita a trámite el recurso de inconformidad y proceda a resolver de fondo el mismo con libertad de jurisdicción”.
Y le advirtió, bajo apercibimiento, que se impondrá una multa, así como arresto hasta de 36 horas a él o los funcionario responsables en caso de incumplimiento, para garantizar el acceso a la justicia fundamentado en el artículo 17 de la Constitución”, expuso Miguel Alarcón González.
“Así, el 31 de marzo de 2025 la Contraloría emitió su nueva resolución en el mismo sentido que la del 13 de febrero de 2023, protegiendo a RTP y violando mi derecho al acceso a la justicia y alargando el juicio para que lo deje en el olvido”, abundó.
Estas acciones del personal de la dependencia, dijo, demuestran que la Contraloría de la CDMX más que impartidora de justicia, es una violadora sistemática de los derechos humanos, constitucionales y de justicia entre otros, así como lo está haciendo conmigo y con quienes de alguna manera reclaman responsabilidad a algún ente del Gobierno de la Ciudad de México, ya que por desgracia es la única forma de demandar responsabilidad por daños y justicia.
Desde el día del accidente, cuando el chofer del autobús de la RTP, identificado como Felix Hernández Reyes, conducía la unidad a exceso de velocidad por la Avenida Instituto Politécnico Nacional, donde cruzó un tope sin disminuir la velocidad provocando que Miguel Alarcón González se golpeara la cabeza con el techo del vehículo y al regresar al asiento cayó de ”sentón” que le provoco que una vieja fractura en la columna volviera a fracturarse.
Ahí empezó su viacrucis con una cirugía de columna en la que le tuvieron que colocar ocho clavos para evitar el avance de la lesión y que él no tuviera que quedar confinado a una silla de ruedas. Lo han intervenido una segunda vez, pero el dolor ya es crónico y sus ingresos disminuyeron drásticamente porque no puede cumplir con su trabajo de manera normal, mientras la autoridad le niega la indemnización correspondiente.
De tantas vueltas que ha dado a la Contraloría General de la CDMX, Alarcón González ha podido constatar que existen muchas personas con el mismo problema y a los que la Contraloría de la CDMX les ha dado el mismo trato indiferente.
Estas acciones de una dependencia de Gobierno que debe estar al servicio de los ciudadanos, no de los entes gubernamentales, desmiente el “humanismo” que tanto presumen los funcionarios con su gastado discurso de “yo me debo a mi pueblo”, “mi pueblo es primero”.
Videos del día del accidente, donde otros pasajeros también manifestaron sentirse mal.
Fotos: Cortesía