JIMÉNES DE TEÚL, Zac.- Este lunes 9 de junio, durante el desarrollo de la Asamblea Agraria del ejido Atotonilco, municipio de Jiménez del Teúl, Zacatecas, se presentaron sin previo aviso el presidente municipal Daniel Cisneros Esparza, junto con José Erasmo Duarte (director de Desarrollo Económico), Joana Cristina Torres Gallegos (regidora de Atotonilco) e Iliana Herrera (directora de Obras Públicas), denunciaron los habitantes del ejido a través de REMA*.
Esta presencia fue completamente injustificada, ya que la única institución facultada para dar seguimiento a los asuntos agrarios es la Procuraduría Agraria. Su intervención sin autorización de la Asamblea representa un acto de intimidación institucional. La comunidad solicitó una explicación, pero las autoridades cerraron las ventanas de sus vehículos y se retiraron, negándose a dar la cara, dijo la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Destacó que, “este hecho se suma a lo ocurrido apenas el pasado 4 de junio, cuando el gobernador del estado, David Monreal, llegó en helicóptero al Ejido El Potrero —zona donde se pretende imponer el embalse del Proyecto Milpillas— acompañado también del presidente municipal. En aquella ocasión, enviaron mensajes para reunir a la población y se presentaron en contra de la voluntad de la comunidad, en un acto de prepotencia y presión política. La comunidad expresó su desacuerdo y les mandó de regreso al gobiernador y su equipo sin dejar que hablara con la población”.
Y prosiguió, “estos hechos evidencian una estrategia sistemática de hostigamiento contra las comunidades que se oponen legítimamente a un megaproyecto que amenaza sus territorios, como la presa Milpillas”.
Por ello, dijo, exigen a la Procuraduría Agraria y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas que intervengan de inmediato para garantizar el respeto al derecho a la autodeterminación de las comunidades que a través de sus Asasmbleas Agrarias han dicho no a este megaproyecto, así como para frenar el uso de instituciones municipales y estatales como mecanismos de presión política. Las comunidades ya dieron su palabra: NO a la presa Milpillas”.
“¡El agua y el territorio no se venden! ¡Basta de intimidación y hostigamiento institucional!”, recalcaron.
Fotos: Cortesía REMA
