“La desaparición de este organismo significa un retroceso institucional que vulnera la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a una evaluación objetiva de la política social”
Profunda preocupación ante la reciente decisión del Senado mexicano de eliminar al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), calificándola como un grave retroceso institucional que vulnera la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a una evaluación objetiva de la política social, expresó la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), a través de su comisionado presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez.
Con 73 votos a favor y 34 en contra, el Senado aprobó la reforma que extingue al CONEVAL y transfiere sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta decisión, que reforman la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se enmarca dentro de una reforma más amplia para desaparecer diversos organismos autónomos, como el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Gutiérrez Yáñez advirtió que esta decisión contraviene principios fundamentales del sistema internacional de derechos humanos, ya que todos los países que integran las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de garantizar políticas públicas evaluadas con autonomía y de manera transparente, sobre todo aquellas dirigidas a reducir la desigualdad y la pobreza.
“La rendición de cuentas es indispensable para el fortalecimiento de la gobernanza, la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. México, como Estado miembro de la ONU, debe avanzar en esos compromisos, no retroceder”, declaró el Comisionado.
Desde la CIDHPDA se considera que evaluar con objetividad y autonomía las políticas sociales permite establecer un rumbo claro hacia el desarrollo sostenible. Ocultar o centralizar estas funciones dentro de dependencias gubernamentales resta credibilidad, genera espacios de opacidad y pone en riesgo los derechos fundamentales de la población.
“El desmantelamiento del CONEVAL no solo limita la posibilidad de evaluar el impacto real de los programas sociales; también debilita el control ciudadano sobre las acciones del Estado. Esto abre la puerta a la corrupción y a la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos”, concluyó Gutiérrez Yáñez.
La CIDHPDA destacó que, para garantizar la transparencia en la política social, se debe dejar la evaluación de la misma en las manos de instituciones con autonomía técnica, rigor metodológico y compromiso con los derechos humanos.
Foto: INTERNET | Composición: CIDHPDA