* El presidente nacional del PRI propone ampliar la definición de «personas políticamente expuestas» para alinearla con estándares internacionales y reforzar la supervisión financiera
En marzo del presente año, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, presentó ante el Senado de la República una iniciativa para ampliar la definición de «personas políticamente expuestas» acorde a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el fin de dar mayor certeza jurídica a su aplicación y estandarizar los procedimientos de supervisión en el sistema financiero.
Sin embargo, morenistas y sus aliados la ignoraron por no convenir a sus intereses, pese a que la corrupción se volvió el sello de morena y sus militantes, desde el fundador del mal llamado partido político.
El senador Moreno Cárdenas explicó en su momento que, “la lucha contra la corrupción no es solo un compromiso político, es una necesidad urgente. Si queremos instituciones fuertes y confiables, debemos garantizar que quienes manejan recursos públicos no puedan ocultar transacciones bajo esquemas opacos o fuera de control”.
La iniciativa establece la obligación de las entidades financieras de reportar todas las operaciones realizadas por personas políticamente expuestas cuando el monto sea superior a 450 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
De igual forma, impone la responsabilidad de implementar mecanismos de monitoreo continuo que permitan identificar patrones inusuales de operaciones y transacciones que puedan representar riesgos en materia de corrupción y lavado de dinero.
“Es inaceptable que quienes ocupan posiciones clave en el poder puedan realizar operaciones sospechosas sin que haya mecanismos de supervisión claros. La banca debe ser un actor activo en la prevención de estos delitos, no un simple espectador”, recalcó Alejandro Moreno.
La reforma también amplía las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Fiscalía General de la República (FGR) para requerir información a las entidades financieras sobre las operaciones de personas políticamente expuestas y sus familiares. Con esta medida, se busca cerrar los espacios de opacidad que han permitido la circulación de recursos de procedencia ilícita sin una supervisión eficaz.
“No podemos seguir permitiendo que el dinero de origen dudoso circule sin control. Es momento de que la SHCP y la FGR tengan herramientas reales para investigar y frenar el uso indebido del sistema financiero”, enfatizó el legislador.
Finalmente, la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria pero que nunca se subió al pleno para su discusión y mucho menos su aprobación, establece sanciones para las personas políticamente expuestas que, de manera dolosa, omitan proporcionar información sobre sus operaciones financieras.
“La transparencia no es opcional. Si una persona políticamente expuesta intenta ocultar su patrimonio o sus transacciones, debe asumir las consecuencias legales. La corrupción no puede seguir encontrando refugio en la falta de supervisión”, concluyó Alejandro Moreno.
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