*El líder Juan José Sierra Álvarez dio un mensaje en foro de seguridad
JUAN GARCÍAHEREDIA
El delito de extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios en todo el país, afirmó este 14 de octubre de 2025 el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez.
En su mensaje de clausura del “Foro de Seguridad, buenas prácticas en materia de seguridad: Por un México en paz”, efectuado en un hotel de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el dirigente puntualizó que la violencia, impunidad y falta de certeza jurídica han deteriorado el tejido social y afectado directamente la competitividad del país.
En los últimos años -recalcó-, la inseguridad se ha convertido en el principal obstáculo para la inversión, el crecimiento económico y la generación del empleo formal.
“De acuerdo con DATA Coparmex, una de cada dos empresas socias ha sido víctima de por lo menos un delito durante el último año. En total, el 51 por ciento de nuestros socios ha sufrido alguna afectación relacionada con la inseguridad”, expuso.
“Aún más alarmante -añadió- es que el 12.8 por ciento de los empresarios fue víctima de extorsión, un delito que, lejos de disminuir, se ha expandido y se ha sofisticado. Entre ellos, el llamado ‘derecho de piso’ se ha convertido en una práctica criminal inaceptable que vulnera la libertad económica, inhibe la inversión y amenaza la seguridad de miles de negocios en todo el país”.
“Lo hemos dicho desde Coparmex es el delito de extorsión que tiene de rodillas a miles de empresarios en todo el país. La extorsión telefónica y el cobro de piso se han convertido en un cáncer que amenaza no solo las utilidades de las empresas, sino la estabilidad emocional de las familias. Este delito, además, golpea con mayor fuerza a las micro, pequeñas y medianas empresas, esas que son el corazón productivo del país y las que generan más del 70 por ciento de los empleos formales en México”, dijo.
“A la par -indicó-, hay otros delitos que también lastiman a la sociedad y a la economía, como los robos en carretera y puertos, los fraudes a través de medios digitales y cibernéticos, y los casos de desapariciones que siguen dejando una herida abierta en miles de familias mexicanas. Estos fenómenos nos obligan a redoblar esfuerzos y a trabajar intensamente, gobierno y sociedad, para abatir las afectaciones y devolver la tranquilidad a las comunidades”.
En otro aspecto, el dirigente consideró que la seguridad no es un asunto exclusivo del gobierno. “Es un desafío nacional que exige coordinación, Estado de derecho y participación ciudadana activa. Sin instituciones fuertes, sin ministerios públicos eficaces, sin policías profesionales y sin una justicia que funcione, no habrá inversión ni desarrollo sostenible”.
Recordó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, en nuestro país 23.1 millones de personas fueron víctimas del delito en 2024, lo que equivale a 11.4 millones de hogares afectados. El costo total del delito representó 1.07 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, con un gasto promedio por persona afectada de 6 mil 226 pesos.
“Las empresas destinan anualmente más de 91 mil 800 millones de pesos en medidas preventivas, recursos que podrían destinarse a la innovación, expansión o el empleo. Esa es la magnitud del impacto que la inseguridad tiene sobre nuestra economía. Y lo más grave es que 93.2 por ciento de los delitos no se denuncian, y de los pocos que sí llegan a carpeta de investigación, apenas 0.8 por ciento tiene una resolución favorable”, subrayó.
“Esa impunidad -recalcó- es el verdadero enemigo del desarrollo. Detrás de esas cifras hay negocios cerrados, empleos perdidos y familias que viven con miedo”.
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