*Presupuesto suficiente; capacitación policiaca y sensibilización de gobernadores
JUAN GARCÍAHEREDIA
Al señalar que cada día 31.3 personas denuncian haber sufrido extorsión en México, el sector patronal aplaudió la aprobación de la ley para prevenir, investigar y sancionar este delito; sin embargo, este 30 de noviembre de 2025 planteó tres acciones para que esa legislación tenga éxito, entre ellas suficiente presupuesto para su implementación.
«La aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión representa un avance necesario ante un delito que afecta la seguridad, la actividad productiva y la estabilidad social», expuso la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El poderoso sindicato patronal indicó: «En México, la dimensión del problema es innegable: sin considerar la cifra negra de 97 por ciento de denuncias que no se hacen por miedo o desconfianza en las autoridades, los datos oficiales revelan que cada día 31.3 personas denuncian haber sufrido extorsión y, tan solo en 2024, este delito generó pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos.
Estas cifras corresponden únicamente a los impactos económicos reportados por las víctimas en general -no se especifica por empresas o comercios- e incluyen pagos y gastos asociados derivados del delito, conforme a la metodología de la ENVIPE (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública)».
«A través de #DataCOPARMEX, confirmamos que el 12.8 por ciento de nuestras Empresas socias han sido víctimas, principalmente mediante llamadas telefónicas (70.5%). Este escenario condiciona las decisiones de inversión y crecimiento, dado que el 49.5 por ciento de nuestros afiliados considera que la inseguridad es el principal obstáculo para desarrollarse. Estas cifras obligan a una respuesta institucional profunda, coordinada y con resultados medibles», puntualizó la agrupación.
Volviendo al tema de la citada legislación, la Coparmex consideró que la promulgación de esta ley abre una oportunidad para el país y exige que el Gobierno federal y los gobiernos estatales «doten de recursos, capacidades técnicas e infraestructura institucional a todas las autoridades responsables».
De acuerdo con la confederación, para que la nueva Ley General pueda traducirse en resultados reales, son necesarias tres acciones indispensables, a saber:
«Garantizar presupuesto suficiente y etiquetado para todas las tareas derivadas de su implementación.
«Capacitar a Policías, Fiscalías y Jueces para asegurar una aplicación correcta y efectiva del nuevo marco jurídico.
«Sensibilizar a Gobernadores y Congresos locales para homologar cuanto antes sus legislaciones, de manera que la operación nacional sea coherente, coordinada y capaz de frenar un delito que hoy avanza sin límites», subrayó la Coparmex.
Por otra parte, puntualiza que México necesita instituciones que respondan a la urgencia y empresas que operen en un entorno de seguridad y confianza, sin intimidación, donde las familias vivan con tranquilidad y donde ningún grupo que opera al margen la ley condicione la vida económica o social de las comunidades.
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