La Red Nacional de Refugios (RNR) manifestó su profunda preocupación por los impactos que estas disposiciones tendrán en la sostenibilidad, seguridad y calidad de la atención que brindan los refugios en el país.
Indicó que, en días recientes, la Secretaría de las Mujeres publicó los Lineamientos de Operación del Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas, ejercicio fiscal 2026, así como la Guía Operativa del Componente C: “Apoyo para Espacios de Refugio Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos”.
Ante ello, la Red Nacional de Refugios (RNR) realizó un análisis detallado de ambos documentos y manifestan su preocupación por los impactos que estas disposiciones tendrán en la sostenibilidad, la seguridad y la calidad de la atención que brindan los refugios en todo el país.
A continuación, detallan los impactos:
- Presupuesto insuficiente y regresivo
Para el ejercicio fiscal 2026 se asignaron $515,033,086.90 pesos destinados al Componente C:
“Apoyo para Espacios de Refugio Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos. Aunque este monto representa un aumento nominal respecto a 2025, el crecimiento real —descontando inflación— es de apenas alrededor del 2 %.
Además, ahora más tipos de espacios pueden acceder al mismo recurso: ya no solo Refugios y Centros de Atención Externa, sino también Casas de Emergencia y Casas de Transición. En la práctica, esto implica una disminución del presupuesto destinado a cada Refugio, una mayor dispersión de los recursos y una reducción en la capacidad para ofrecer una atención integral.
Si bien reconocemos como un avance la inclusión de Casas de Emergencia y Casas de Transición para mujeres sobrevivientes de violencia y, en su caso, para sus hijos e hijas—un componente esencial dentro del Modelo de Actuación de la RNR—nos preocupa que esta expansión no venga acompañada de un aumento proporcional en el presupuesto. Esto significa que los recursos disponibles se distribuyen entre más necesidades, sin un crecimiento ajustado, lo que limita la sostenibilidad operativa, precariza la atención y afecta negativamente la calidad de los servicios.
Sin recursos suficientes y adecuadamente focalizados, no es posible garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
- Presupuesto sin calendario: incertidumbre operativa
Reconocemos que los Lineamientos 2026 ya especifican el monto destinado exclusivamente a los Refugios, una demanda constante de la RNR desde septiembre de 2025. Sin embargo, hasta la fecha no se han establecido plazos públicos para la convocatoria, evaluación ni ministración de estos recursos.
Actualmente, seguimos a la espera de la publicación oficial de la convocatoria que permita a los Refugios presentar proyectos y acceder al Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.
La falta de un calendario claro genera una grave incertidumbre operativa para los espacios que brindan protección inmediata a mujeres en situación de alto riesgo.
Un presupuesto sin fechas concretas no es una garantía, sino una política de la incertidumbre que pone en riesgo la continuidad de la atención y, en última instancia, la vida de las mujeres.
Cabe destacar que, durante más de cuatro años consecutivos, el presupuesto destinado a los Refugios ha llegado con retrasos, comprometiendo la operatividad de estos espacios vitales que previenen feminicidios y restituyen derechos.
Desde la RNR reiteramos que la certeza presupuestaria es una condición indispensable para salvar vidas.
- Precarización del personal y debilitamiento de la seguridad
La Guía Operativa contempla: a) la reducción de honorarios del personal especializado, y b) la disminución del presupuesto destinado a la seguridad de los espacios.
Ambos elementos son indispensables para proteger la vida y la integridad de mujeres, niñas, niños y del propio personal. Estas medidas resultan inadmisibles y contradicen la obligación del Estado mexicano de garantizar condiciones mínimas de seguridad y atención especializada.
La combinación de recortes, dispersión del recurso y falta de certeza precariza la atención y pone en riesgo una política pública esencial para la prevención de feminicidios.
- Obligaciones que trasladan la responsabilidad del Estado a las organizaciones
Nos preocupan particularmente las obligaciones impuestas a las instancias ejecutoras (Organizaciones de la Sociedad Civil e Instancias Gubernamentales que operan Refugios), particularmente:
- a) Acta de Cierre del Proyecto 2025
Se exige presentar, a más tardar el 15 de enero de 2026, el Acta de Cierre del Proyecto 2025, cuando este proceso depende exclusivamente de la Secretaría de las Mujeres.
Al 12 de enero, no se han emitido resultados ni retroalimentaciones a los refugios sobre los informes finales 2025 entregados el 8 de enero.
- b) Exigencia de solvencia con recursos propios y operación previa
Los Lineamientos obligan a los refugios a acreditar contar con recursos propios suficientes para garantizar su operación total —incluyendo atención, alojamiento, alimentación, vestido, calzado y plantilla mínima— y a manifestar que los recursos federales son únicamente un subsidio.
Estas disposiciones trasladan de manera explícita la responsabilidad financiera del Estado a las organizaciones, condicionando el acceso a recursos públicos a la autosuficiencia económica previa, lo cual resulta incompatible con una política pública de protección de derechos.
- Contravención a obligaciones internacionales y al principio de progresividad
Las disposiciones contenidas en los Lineamientos 2026 — en particular, la exigencia de solvencia con recursos propios por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil- y, la reducción de honorarios del personal especializado, contravienen los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, así como el principio de progresividad en el ejercicio de los derechos humanos.
De acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, el Estado está obligado a garantizar, financiar y sostener de manera suficiente y permanente los mecanismos especializados de protección para mujeres víctimas de violencia, incluidos los refugios. Estas responsabilidades no pueden condicionarse a la capacidad económica previa de las Organizaciones de la Sociedad Civil ni trasladarse al ámbito comunitario o a la sociedad civil en general.
Además, la reducción de honorarios y la disminución de recursos destinados a la seguridad representan un retroceso en la garantía de derechos, vulnerando el derecho de las mujeres a recibir una atención digna, especializada y segura.
Estas medidas institucionalizan la precariedad, perpetuando formas de violencia institucional que el propio Estado está obligado a erradicar.
- Una política que debilita en lugar de fortalecer
Desde nuestra perspectiva feminista y con más de 25 años defendiendo el derecho a una vida libre de violencia, afirmamos que las disposiciones contempladas para 2026 representan un retroceso claro en la garantía de derechos y desconocen el papel esencial de los refugios como política pública vital para la protección de la vida y el acceso a la justicia.
La política propuesta prioriza procesos administrativos burocráticos por encima de la calidad y pertinencia de la atención y servicios dirigidos a mujeres, niñas y niños, lo que pone en riesgo la eficacia de la protección que estos espacios deben garantizar.
“Como lo establece el marco internacional de derechos humanos, en particular la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, no es viable exigir autosuficiencia a las Organizaciones Civiles que brindan atención inmediata ante situaciones de emergencia vital, mientras se reduce el apoyo estatal y se incrementan las cargas administrativas. Sin un presupuesto garante, sin certeza en la asignación de recursos y sin la corresponsabilidad plena del Estado, no habrá justicia ni igualdad sustantiva”, Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios.
Demandas de la Red Nacional de Refugios:
Con base en lo expuesto, desde la Red Nacional de Refugios (RNR) demandamos de manera inmediata y puntual:
- Fechas públicas, claras y vinculantes para la convocatoria, evaluación y ministración de los recursos correspondientes al año 2026, que permitan la adecuada planificación y operación de los refugios.
- Asignación de recursos suficientes, oportunos y focalizados que aseguren la sostenibilidad y la calidad integral de la atención para mujeres, niñas y niños en situación de violencia.
- Garantizar la no reducción de honorarios ni de recursos destinados a la seguridad, asegurando condiciones dignas, especializadas y seguras para el personal y las personas atendidas.
- Eliminar las exigencias que trasladan la responsabilidad del Estado a las organizaciones civiles, respetando plenamente el principio de progresividad en los derechos humanos y reconociendo el papel irremplazable del Estado en esta materia.
- Establecer mesas de trabajo a través de un diálogo horizontal, efectivo y con capacidad real de incidencia entre las autoridades y las organizaciones que sostenemos esta política pública fundamental.
«Los refugios salvan vidas y son un derecho humano que el Estado debe garantizar con recursos transparentes, suficientes, permanentes y entregados sin dilaciones».
Atentamente,
Red Nacional de Refugios A.C.
Foto: Archivo (Ilustrativa)
