Por Antonio De Marcelo Esquivel
El accidente ocurrido en Tecámac, donde un joven de 16 años chocó contra varios vehículos y posteriormente arrolló a personas que esperaban afuera de un hospital —con saldo de cuatro personas fallecidas— vuelve a colocar sobre la mesa un debate incómodo, pero urgente: ¿qué ocurre cuando un delito grave es cometido por un menor de edad?
De acuerdo con el marco legal vigente, el adolescente enfrentaría un proceso penal bajo el sistema de justicia para menores, lo que implica sanciones limitadas por su edad. Es decir, podría recuperar su libertad al alcanzar la mayoría de edad. No es un caso aislado. Algo similar ocurrió recientemente en una secundaria de Tláhuac, donde un menor de 15 años agredió a otro estudiante y enfrentaría igualmente una sanción reducida.
Frente a estos hechos, diversos sectores sociales han planteado la necesidad de revisar si, en casos graves, los menores deben enfrentar procesos equiparables a los de adultos, o al menos someterse a evaluaciones jurídicas al cumplir los 18 años que permitan determinar si deben continuar cumpliendo una sanción proporcional al daño causado.
La pregunta que surge desde las víctimas es inevitable: ¿qué clase de país estamos construyendo si la minoría de edad puede convertirse, en los hechos, en un incentivo para delinquir?
El problema no es menor. El crimen organizado lo entendió hace tiempo. Por eso recluta adolescentes para actividades que van desde la distribución de droga y el halconeo hasta el sicariato, precisamente porque sabe que la ley contempla sanciones más limitadas para ellos en caso de detención.
Se trata de un tema complejo que requiere una revisión seria por parte de ministerios públicos, jueces, legisladores e incluso instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es un debate sencillo, pero es un debate que México ya no puede seguir posponiendo.
Sin embargo, el caso de Tecámac abre otra arista igualmente preocupante: la situación de las familias que pasan días, semanas e incluso meses esperando noticias de sus pacientes afuera de hospitales públicos, durmiendo en banquetas, parques o calles, sin condiciones mínimas de resguardo.
Esta realidad evidencia las carencias estructurales del sistema de salud mexicano: falta de medicamentos, insuficiencia de personal especializado y denuncias constantes por irregularidades en la atención.
Un ejemplo reciente ocurrió en el Hospital General Balbuena, donde familiares denunciaron que tuvieron que adquirir insumos médicos costosos para un estudio que finalmente no se realizó, además de que dichos materiales desaparecieron.
Algunas alcaldías han intentado responder con soluciones parciales. En Cuauhtémoc, durante la administración de Sandra Cuevas, se instaló un galerón provisional afuera del Hospital Infantil de México Federico Gómez. En Venustiano Carranza también se habilitaron espacios cercanos al hospital de Balbuena. Sin embargo, en la práctica siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema.
Hoy, en muchos casos, son ciudadanos y organizaciones civiles quienes sostienen con café, cobijas y alimentos a quienes esperan afuera de los hospitales.
El caso Tecámac revela dos problemas estructurales que no pueden seguir ignorándose: la necesidad de revisar el sistema de justicia para menores infractores en delitos graves y la urgencia de dignificar las condiciones de quienes esperan atención médica para sus familiares en hospitales públicos.
Dos pendientes del Estado mexicano que ya no admiten postergación.