La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en abril de 2026, de llevar el caso de México ante la Asamblea General, no surgió de la nada. Es el resultado de años de búsqueda, dolor intergeneracional, documentación y exigencia de las familias y la sociedad civil. No es un golpe político ni una ocurrencia aislada, es el reconocimiento de una crisis que el Estado mexicano no ha querido asumir en toda su gravedad.
México es el primer lugar mundial en acumular Acciones Urgentes ante la ONU por desaparición forzada, incluso por encima de países en guerra. Esto demuestra que no son hechos aislados, es una crisis sistemática. La desaparición arranca a una persona y desgarra a familias enteras. Su impacto es mental, físico, material y social.
El derecho internacional ha reconocido que el sufrimiento impuesto a las familias puede alcanzar el umbral de la tortura, Nuestra realidad habla de una crisis grave y de alcance internacional.
El Comité concluyó que existen indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas en un contexto de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, con participación, apoyo, tolerancia y aquiescencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno. La Convención establece que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad en los términos del derecho internacional aplicable.
El gobierno federal ha querido reducir el debate a cifras y registros, pero el fondo es otro, vivimos en una crisis de impunidad, con búsqueda insuficiente, rezago forense y verdad pendiente.
La reinterpretación oficial no cambia esa realidad. El propio gobierno reconoció 132,534 registros históricos y que solo 3,869 de 43,128 casos con identidad y sin rastro de actividad posterior tenían carpeta de investigación abierta. Las cifras pueden discutirse. la obligación de buscar, investigar, identificar y proteger, no.
Reducir el debate a números también encubre omisiones estatales prolongadas. La Ley General previó desde 2017 el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas.
Aun así, ONU-DH advirtió en 2022 que seguian sin crearse. Su inicio formal se anunció hasta mayo de 2023, y aun después, familias y colectivos denunciaron que seguían sin operar adecuadamente.
Desde CADHAC sostenemos que el Estado mexicano debe asumir la gravedad del momento y responder con lo que durante años ha incumplido, búsqueda efectiva, investigación exhaustiva, identificación digna, protección a las familias, rendición de cuentas y una política real de prevención y erradicación de las desapariciones.
La desaparición de personas en México es una realidad inocultable, y el Comité concluyó que existen indicios fundados de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad.