Sepa la Bola
Claudia Bolaños
Y Sepa La Bola… pero nos cuentan desde Puebla que la recién nombrada consejera electoral, Blanca Yassahara Cruz García, no perdió tiempo y, tras el protocolo en el Instituto Nacional Electoral, regresó a su estado.
En los pasillos del Organismo Público Local Electoral de Puebla aseguran que su visita no fue solo de cortesía.
Coincide, dicen, con el arranque de los movimientos rumbo a la renovación de la presidencia del organismo, donde ya empiezan a perfilarse nombres.
Ahí es donde varios levantaron la ceja: hay quien sostiene que la consejera estaría buscando incidir en ese relevo, impulsando a un perfil cercano que le dé continuidad a ciertas decisiones tomadas en su etapa local.
Otros, más cautos, hablan de simple interlocución política en un momento clave.
El comentario no es menor. Entre quienes conocen la operación interna del OPLE poblano, se desliza que el interés no sería solo político, sino también administrativo: evitar que temas heredados escalen o se reabran.
En paralelo, volvió a mencionarse en corto a viejos conocidos del sector de impresión, entre ellos la familia Carranza, lo que para algunos es coincidencia y para otros, parte de una red que sigue activa.
Por lo pronto, la llegada al INE no parece haber significado un corte con Puebla. Al contrario, dicen, la interlocución sigue… y no precisamente a distancia.
Y Sepa La Bola… pero en algunas regiones del país, programas de apoyo dirigidos a agricultores estarían siendo aprovechados por grupos de la delincuencia organizada para intervenir en la cadena de comercialización de las cosechas.
De acuerdo con versiones recogidas en campo, estos grupos compran productos agrícolas a precios por debajo del mercado directamente a los productores, para posteriormente revenderlos a instancias gubernamentales a un costo mayor.
Este esquema, señalan las fuentes, afecta de manera directa a los agricultores, quienes reciben menores ingresos por su producción, mientras que intermediarios ilegales concentran las ganancias.
La situación también podría distorsionar los objetivos de los programas públicos, diseñados para fortalecer al sector rural, pero que en estos casos terminan beneficiando a terceros ajenos a la actividad productiva.
Y Sepa La Bola, pero lo ocurrido en Teotihuacán no es un hecho aislado ni menor; es una alerta directa sobre la fragilidad con la que se está gestionando la seguridad en espacios turísticos clave de México.
La muerte de una turista canadiense y las personas heridas no solo estremecen por la tragedia humana, sino por lo que representan: una grieta en la confianza internacional hacia uno de los destinos más emblemáticos del país.
Teotihuacán no es cualquier sitio. Es símbolo de identidad, de historia y de proyección global. Lo que sucede ahí trasciende lo local y se convierte en un mensaje hacia el exterior. Hoy, ese mensaje es incómodo: la percepción de riesgo está ganando terreno donde debería existir certeza.
El avance de las investigaciones y la respuesta de las autoridades han sido observados con lupa. Más allá de los resultados periciales, el tema de fondo es la prevención.
¿Qué falló para que una visita turística terminara en tragedia? Esa es la pregunta que aún no encuentra una respuesta clara ni contundente.
Para México, el impacto es doble. Por un lado, el golpe reputacional en materia turística; por otro, la urgencia de replantear protocolos de seguridad en zonas de alta afluencia internacional. No se trata solo de esclarecer, sino de garantizar que no se repita.
Porque cuando falla la seguridad en un sitio como Teotihuacán, no solo cae una estadística: se tambalea la credibilidad de todo un destino país.