Por Olegario Roldan
Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado.
Voltaire
Corrupción de rutina
Según Lenia Batres, cobrarle al ISSSTE lo que debía habría sido, poco menos, un acto de crueldad institucional. Porque claro, exigir el pago de predial, nómina y agua en la Ciudad de México habría puesto en aprietos al organismo dirigido por su hermano, Martí Batres. Y ya sabemos que, en este país, la prioridad no es la legalidad sino la comodidad administrativa… sobre todo cuando hay lazos familiares de por medio.
En un giro digno de tragicomedia burocrática, la Ministra parece haber dejado momentáneamente la toga para enfundarse el traje de Secretaria de Hacienda, decidiendo quién paga, quién no, y bajo qué criterios emocionales.
La línea entre la interpretación constitucional y la indulgencia selectiva se vuelve, así, convenientemente difusa.
La polémica, por supuesto, no tardó en estallar. El conflicto de interés no es precisamente un detalle menor cuando se trata de recursos públicos. Pero la lógica expuesta invita a una reflexión más amplia: si cobrar deudas afecta la operatividad de las instituciones, ¿no sería más sencillo que todos dejáramos de pagar impuestos? Total, siempre habrá una causa noble que justifique la omisión.
Por si fuera poco, la misma voz que aboga por la flexibilidad fiscal defendió también que el IMSS no entregue aparatos auditivos, análisis y otros servicios esenciales, bajo el sobrio argumento de que “no hay dinero”. Curiosa austeridad: indulgente con las deudas institucionales, pero implacable con las necesidades ciudadanas.
Así, entre justificaciones selectivas y prioridades invertidas, la narrativa oficial parece decirnos que el problema no es la falta de recursos, sino a quién se le ocurre cobrarlos… y a quién se le decide negar lo indispensable.
Periodo del terror
Resulta que Rubén Rocha Moya ha entrado —sin querer queriendo— en el radar del Departamento de Justicia de Estados Unidos, acompañado por otros nueve funcionarios y exfuncionarios que, según la acusación, habrían decidido diversificar sus actividades más allá del servicio público.
La imputación no es menor: asociación con el Cártel de Sinaloa para distribuir “grandes cantidades” de estupefacientes en territorio estadounidense, además de delitos relacionados con armas.
Uno pensaría que gobernar un estado ya es tarea suficiente, pero al parecer algunos optan por modelos de gestión más… integrales.
La ironía es inevitable: mientras el discurso oficial suele centrarse en combatir al crimen organizado, las acusaciones sugieren una colaboración bastante fluida. Nada como convertir la política en una actividad verdaderamente “productiva”.
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Para DeReporteros