*El gobierno ha querido ignorar la posible infiltración del crimen en la política
*Propondrá que se cumpla con el Tratado de Extradición entre México y EU
JUAN GARCÍAHEREDIA
El gobierno de México ha querido ignorar la posible infiltración del crimen organizado en la política mexicana, particularmente en Sinaloa, según informes del senador panista Mario Vázquez, quien alertó que cuando el crimen organizado se mete en la política, la democracia deja de ser democracia y pasa a ser “narcocracia”.
Tal versión surge luego de que el 1 de mayo de 2026 el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió licencia temporal a su cargo, tras haber sido acusado ante un tribunal federal de Estados Unidos, junto con otros nueve funcionarios, de delitos de tráfico de drogas y armas.
En tanto, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) por Chihuahua, Mario Vázquez, alzó la voz ante lo que calificó como un tema grave que el gobierno federal ha querido ignorar: la posible infiltración del crimen organizado en la política mexicana, particularmente en el estado de Sinaloa.
De acuerdo con un comunicado, el representante popular fue contundente: “Lo que está ocurriendo en Sinaloa no puede minimizarse ni esconderse; estamos hablando de señalamientos gravísimos de narcopolítica”.
Advirtió que México no puede normalizar la convivencia con la narcopolítica: “Si no se actúa ahora, el mensaje será claro: en México el crimen organizado puede operar con impunidad en la política”, expuso.
PUNTO DE ACUERDO
El senador panista anunció la presentación de un punto de acuerdo que contempla cinco exigencias, de las cuales -se aclara- algunas ya han tenido avances parciales o totales tras los recientes acontecimientos:
“Se exige que el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República, cumpla estrictamente con el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, garantizando que los imputados comparezcan ante la justicia internacional y evitando que las instituciones mexicanas se conviertan en mecanismos de protección.
“Se solicita un informe detallado al Congreso sobre el estatus jurídico de las solicitudes de extradición, el avance de las investigaciones y el cumplimiento de acuerdos de cooperación internacional.
“Se plantea que toda la información relacionada con estas investigaciones sea entregada al Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de acreditar posibles violaciones graves a los principios democráticos, financiamiento ilícito y vínculos con el crimen organizado.
“Asimismo, se exhorta al INE a iniciar un procedimiento para la cancelación del registro de Morena, ante las evidencias de violaciones graves y sistemáticas a la ley y la presunta vinculación de sus dirigentes en Sinaloa con organizaciones criminales.
“Aunque el gobernador Rubén Rocha Moya ya se ha separado del cargo, el senador advirtió que aún falta que el senador Enrique Inzunza (también acusado en Estados Unidos) haga lo propio, con el fin de garantizar investigaciones transparentes, sin el amparo del fuero constitucional”, señala la información facilitada este 4 de mayo de 2026.
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