*Son los denominados jammers que se ofrecen a través de internet
*La legisladora Juanita Guerra pide acciones de la Guardia Nacional
Por Redacción
A pesar de la prohibición legal de los bloqueadores de señal telefónica conocidos como “jammers”, estos continúan ofreciéndose al público a través de internet, lo cual facilita su adquisición y uso indebido para la comisión de delitos y la afectación de servicios estratégicos del Estado mexicano, según informes senatoriales revelados este 6 de julio de 2026.
De acuerdo con los datos, la legisladora pevemista Juanita Guerra Mena presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Guardia Nacional y a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de vigilancia, investigación, monitoreo y denuncia contra la comercialización, distribución y oferta ilícita de esos equipos inhibidores de señales de telecomunicaciones, que continúan ofertándose a través de plataformas digitales, redes sociales y sitios de comercio electrónico.
Explicó que los “jammers” son dispositivos electrónicos diseñados para generar interferencias intencionales en las frecuencias utilizadas por las redes de telecomunicaciones, impidiendo la transmisión y recepción de señales de telefonía móvil, internet inalámbrico, sistemas de posicionamiento global y radiocomunicación.
Recordó que el artículo 168 Ter del Código Penal Federal establece penas de 12 a 15 años de prisión para quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, use u opere equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos e imagen.
Asimismo, el 24 de enero de 2024 entró en vigor la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y al Código Penal Federal, mediante la cual quedó prohibida la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación, uso y operación de estos dispositivos, con excepción de las autoridades facultadas por la legislación vigente, dijo la senadora del Partido Verde.
Sin embargo, advirtió que, pese a la prohibición legal, existen plataformas digitales y sitios de comercio electrónico donde estos equipos continúan ofreciéndose al público, situación que facilita su adquisición y uso indebido para la comisión de delitos y la afectación de servicios estratégicos del Estado.
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