Por: ERNESTO MADRID
Ken Salazar en el banquillo… mientras el expediente Rocha sigue bajo llave.
La ofensiva de la FGR contra el exembajador estadounidense coincide con la reserva de las investigaciones sobre Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza. Mientras el Gobierno centra el debate en la presunta participación del FBI en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, las pesquisas sobre los funcionarios mexicanos señalados desde Estados Unidos permanecen fuera del escrutinio público.
La narrativa oficial sobre el caso de Ismael “El Mayo” Zambada dio un giro en cuestión de días. El centro del debate dejó de ser el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y pasó a concentrarse en el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a quien la Fiscalía General de la República acusa de haber faltado a la verdad al negar la participación de agencias estadounidenses en la captura y traslado del capo sinaloense.
El cambio de enfoque ocurre al mismo tiempo que la propia Fiscalía resolvió mantener bajo reserva hasta 2031 el interrogatorio practicado a Rocha Moya dentro de la carpeta de investigación abierta tras los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.
La contradicción es evidente. Mientras la FGR sostiene públicamente que Ken Salazar violó el principio de buena fe previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y califica sus declaraciones como “falsas de toda falsedad”, al mismo tiempo argumenta que las diligencias relacionadas con Rocha Moya no pueden conocerse porque revelarían las líneas de investigación y podrían afectar una eventual acción penal.
La fiscal Ernestina Godoy Ramos informó que existen siete carpetas de investigación derivadas del secuestro y traslado de “El Mayo” y advirtió que, si se confirma la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), se estaría frente a violaciones al derecho internacional, un pacto al margen de la ley y una actuación irregular del entonces embajador estadounidense.
Sin embargo, el propio fiscal de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez, reconoció que Ken Salazar no puede ser procesado penalmente en México, al haber actuado bajo la protección que le otorgaba su inmunidad diplomática. Es decir, el reproche jurídico existe, pero las consecuencias penales son prácticamente inexistentes.
Al mismo tiempo, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores transparentar las comunicaciones entre México y Estados Unidos relacionadas con Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, luego de que la Cancillería hubiera reservado durante cinco años las solicitudes de extradición formuladas por Washington.
Pero la apertura tiene un límite relevante: las notas diplomáticas vinculadas con expedientes judiciales continuarán clasificadas por su naturaleza reservada. Es decir, se transparenta una parte de la información, mientras permanece cerrada aquella relacionada directamente con las investigaciones penales.
El contraste también alcanza la relación política con Ken Salazar. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el entonces embajador fue uno de los diplomáticos con mayor acceso a Palacio Nacional. Visitó en decenas de ocasiones al presidente, lo acompañó en giras y fue defendido públicamente frente a sectores que cuestionaban su actuación. Hoy, la misma administración que antes lo respaldaba lo señala como responsable de haber ocultado la participación estadounidense en la captura de “El Mayo”.
No obstante, en una entrevista con el periodista Jorge Ramos, Salazar sostuvo que nunca tuvo pruebas que vincularan a López Obrador con el narcotráfico y reiteró que la captura de Zambada no fue una operación organizada por agencias estadounidenses, una versión que ahora contradice la línea de investigación presentada por la FGR.
Mientras tanto, el expediente que más interesa a las autoridades estadounidenses continúa avanzando fuera de México. Diversos reportes periodísticos han señalado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene abiertas investigaciones sobre presuntos vínculos de funcionarios sinaloenses con organizaciones criminales. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han hecho públicas acusaciones formales contra Rocha Moya ante un tribunal, pero tampoco han desmentido la existencia de investigaciones en curso.
En ese contexto, el debate público parece haberse desplazado. La discusión política se concentra hoy en determinar si el FBI intervino o no en la captura de “El Mayo” y si Ken Salazar mintió al gobierno mexicano. Sin embargo, las diligencias relacionadas con Rocha Moya permanecen clasificadas, las investigaciones estadounidenses siguen abiertas y las preguntas sobre la presunta relación entre autoridades locales y organizaciones criminales continúan sin respuesta pública.
El resultado es una doble narrativa: una investigación ampliamente difundida sobre la actuación de un exembajador que ya no tiene funciones diplomáticas y otra que permanece bajo reserva respecto de funcionarios mexicanos cuyo papel sigue siendo objeto de investigación.
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