Por Martín de J. Takagui
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra ávido por encontrar aciertos, por encontrar y descubrir asuntos que le merezcan una estrellita en la frente como al niño aplicado, o colgarse las medallas de héroes por los méritos alcanzados.
El año electoral acaba de iniciar el pasado 10 de septiembre, todos los partidos están en la meta aún, esperando las primeras decisiones del Instituto Nacional Electoral, que, por ahora, se encuentra despidiendo gente al por mayor a fin de complicar lo que pudiera manejarse como la organización de una elección como las muchas que ha organizado ese organismo ciudadano desde hace más de 30 años.
Pero frente a la necesidad de lograr más votos para mantener garantizada la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, especialmente en la Cámara de Diputados que se renueva el primer domingo de junio de 2027, al gobierno le urge tener palomita en cada una de sus acciones.
Ganar la confianza, mantener la voluntad de los votantes, garantizar la llegada de diputados a modo, impulsar las reformas constitucionales que aún se encuentran en el tintero del segundo piso de la cuarta transformación para alcanzar sus objetivos transformadores que le permitan eternizar en el poder a Morena.
La semana pasada, para ser exactos el jueves pasado el gobierno de la República anunció con bombo y platillo el decomiso de huachicol más grande de toda la historia, anunciado como el mayor golpe que pudiera haberse dado al crimen organizado.
Pero hay que ser claros, esos 59 millones de litros de gasolinas magna y premium y de diésel, no están en la empresa objeto del operativo de San José de Iturbide en el estado de Guanajuato, desde hace más de ocho años.
Ese combustible está en movimiento permanente, al grado de que se está vendiendo a gasolineras y se entrega en pipas sin razón social, como la que dio lugar al hallazgo de una pipa que fue localizada descargando diésel, en una gasolinera ubicada en San Luis de la Paz, también en Guanajuato, cuyo operario no supo justificar toda la trayectoria que siguió el hidrocarburo desde su importación de los Estados Unidos hasta Guanajuato.
El chofer fue detenido, el operativo llegó a la planta y no encontró a nadie, según informaron las autoridades de la FGR y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y advirtieron que en breve habrían de reportar las detenciones del caso.
Pero horas después de ese anuncio, la empresa Gas Natural del Noroeste, filial de Grupo SIMSA dio a conocer que cuenta con los permisos, que opera de manera absolutamente lícita desde hace nueve años, conforme al permiso de almacenamiento PL/19344/ALM/2016 otorgado por la ahora Comisión Nacional de Energía, con una vigencia de 30 años.
No hay delito que perseguir, y aunque la FGR ha dicho que no se ha acreditado plenamente la legal propiedad del hidrocarburo, en caso de ser huachicol o sea contrabando, o sea que haya entrado de manera ilegal el combustible a territorio nacional, el problema es mayúsculo, para el gobierno de la presidenta Sheinbaum.
Y es que para mover, introducir y pasar por las aduanas dichas cantidades de combustible sin que se hubiesen pagado los impuestos correspondientes, solamente con la mano de un altísimo mando del gobierno, con la ayuda de funcionarios e inspectores, como administradores, se habría logrado la importación ilegal de 59 millones de litros de combustible.
Aquí de cualquier forma el gobierno está en falta: si se trata de contrabando, cómo es que ya durante la administración de la presidenta Sheinbaum se logró cruzar la frontera; pero en caso de que todo haya sido legal y que Gas Natural de Noroeste haya decidido almacenar millones de litros de gasolina en tanques que eran destinados para el gas.
Puede ser que Gas Natural también importe gasolinas, pero en el peor de los casos, la FGR falló al decir que se trataba de combustible de contrabando y si no, quiere decir que la corrupción en las aduanas está en abierta cooperación del crimen organizado.
Ya lo dijo la presidenta que lo aclare Ernestina Godoy.