Por: ERNESTO MADRID
59 millones de huachicol: ¿megadecomiso o pifia?
La FGR presentó como histórico el aseguramiento de 59 millones de litros en Guanajuato, cinco veces el decomiso de Tamaulipas de 2025. Ahora investiga su origen, documentación y trazabilidad, mientras la empresa asegura operar legalmente y expertos advierten que primero había que verificar antes de llamarlo huachicol.
La presidenta Claudia Sheinbaum lo puso sobre la mesa: que sea la Fiscalía General de la República la que explique qué ocurrió con los 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato y determine su origen y legalidad.
Y ahí empieza el problema.
Porque supuestamente, no se trató de una operación improvisada. La propia FGR sostiene que investigó durante 76 días, desde el 3 de julio, cuando detuvo a una persona que descargaba de una pipa 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz. Durante ese periodo reunió indicios, realizó diligencias y obtuvo de un juez las órdenes de cateo que terminaron en el aseguramiento de los 59 millones de litros.
El jueves 17 de septiembre, la noticia fue espectacular: 59 millones de litros de presunto huachicol, cinco veces más que los 10 millones de litros de diésel asegurados en Tamaulipas en marzo de 2025, que hasta entonces habían sido considerados uno de los mayores decomisos de combustible del país.
Pero después comenzaron las preguntas.
Gas Natural del Noroeste, empresa de Grupo SIMSA, sostuvo que la operación de su terminal es “completamente lícita y verificable”, que cuenta con permisos y que el combustible almacenado pertenece a sus clientes.
Entonces la FGR tuvo que precisar algo fundamental: todavía no había recibido de todas las empresas relacionadas la documentación que acreditara de manera completa y fehaciente la licitud del origen, manejo y destino del combustible. Por ello, la FEMDO atrajo el caso y ahora revisa documentos, entrevista directivos y verifica la propiedad y trazabilidad financiera y fiscal del hidrocarburo.
Y aquí está la contradicción que nadie ha explicado suficientemente: ¿Cómo puede una investigación de 76 días, que reunió elementos suficientes para obtener órdenes de cateo, terminar con la Fiscalía todavía tratando de determinar si los 59 millones de litros eran realmente huachicol?
Gonzalo Monroy, especialista en energía, planteó que el aseguramiento podría incluso tratarse de un error: la instalación es una terminal formal de almacenamiento que presta servicios a terceros y que, durante el desabasto de combustibles de 2019 provocado por la estrategia del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador contra el huachicol, formó parte de la infraestructura que contribuyó a atender la falta de suministro. Por ello, sostiene, no basta con encontrar combustible en sus instalaciones para concluir que todo el producto almacenado era ilegal.
Ramsés Pech fue todavía más preciso: pidió cautela antes de llamar huachicol a los 59 millones de litros y señaló que primero debe reconstruirse toda la trazabilidad, desde la importación o producción hasta el almacenamiento, y comprobar la documentación que ampara el producto.
Entonces aparecen tres posibilidades, ninguna todavía probada: una operación ilícita de enormes dimensiones, una irregularidad documental o una pifia en la manera de investigar y comunicar el hallazgo.
Y hay un elemento adicional que vuelve incómoda la historia.
El anuncio se hizo el 17 de septiembre, un día antes de la visita de Sheinbaum a Guanajuato. Incluso existen versiones periodísticas que señalan que el operativo habría ocurrido días antes de la fecha en que fue presentado públicamente y que la terminal continuó operando posteriormente. El País planteó que pudo existir un error de comunicación en la presentación del aseguramiento.
¿Alguien quiso quedar bien? No lo sabemos. ¿Hubo una falla de investigación, de coordinación o de comunicación? Tampoco. Pero después de 76 días de investigación, la pregunta resulta inevitable: ¿cómo se llegó tan rápido a la conclusión pública de que eran 59 millones de litros de huachicol, si ahora la propia Fiscalía tiene que comprobar su origen, propiedad, documentación y legalidad?
La autonomía de la FGR debe respetarse. Precisamente por eso, también debe explicar sus decisiones. Porque si los 59 millones de litros eran ilegales, habrá que saber de dónde salieron, quién los compró, quién los almacenó y quién pretendía distribuirlos.
Y si no lo eran, habrá que explicar por qué se presentó el caso como el mayor decomiso de huachicol. No basta con decomisar 59 millones de litros. Hay que saber de quién eran, de dónde salieron, quién los compró, quién los almacenó y si realmente eran ilegales.
Primero se verifica; después se presume. Nunca al revés.
@JErnestoMadrid
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Ernesto Madrid