Original y Copia
Por Martín de J. Takagui
Y cuando el Estado se equivoca, cuando la justicia no llega a tiempo, cuando la reputación de alguien ya está por los suelos y después de ocho años en que se pasó por un escándalo, por acusaciones, críticas y condenas o linchamientos sociales, resulta que eres inocente ¿quién repara el daño?
Son muchos los casos de personas honorables que de pronto son investidas con un antifaz de bandido, a quienes les ponen un costal de dinero en el hombro, los acusan de rateros, de corruptos, de defraudadores, las notas de periódicos y medios de todas las plataformas acusan, condenan, y la imagen del personaje ya no vale nada, pero en el momento que se aclara, nadie publica un comentario de que un juez lo exoneró.
Ese es el caso de ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, a quien en 2018 se le acusó de defraudación fiscal y mediáticamente se le linchó, pero con una saña incomparable, pues era inconcebible que un académico de su talla un hombre que dedicó su vida a la enseñanza de pronto resultaba ser un delincuente.
Cárcel, linchamiento, condena mediática y de la opinión pública, con todo se le fueron encima y desde el primer acto del juez, que es la vinculación a proceso, los abogados presentaron la impugnación, el juicio no podía iniciar, pues el primer acto de una supuesta justicia impoluta estaba siendo atacado legalmente.
Amparos, inconformidades, apelaciones. Tuvieron que pasar cuatro largos años, para que los abogados defensores lograran su liberación y que siguiera todas las diligencias en libertad. Fue en 2022 cuando le concedieron el beneficio de seguir las diligencias desde la calle.
Pero los abogados siguieron insistiendo, las autoridades de la fiscalía no aflojaron en ningún momento, respondieron a cuanta apelación y diligencia defensiva se impulsó, al grado que el asunto llegó hasta la última instancia que fue el Tribunal Colegiado de Apelación del XXIX Circuito.
Ahí, como última instancia, los magistrados deliberaron sobre el asunto del ex rector de la Universidad de Hidalgo y finalmente hace unos días dictaron la sentencia absolutoria, no encontraron evidencias, pruebas, elementos que llevaran a la responsabilidad de Sosa Castelán en el delito de defraudación fiscal del que se le acusó.
Pero tuvieron que pasar ocho años, la destrucción de su imagen pública, sin que alguien o alguna institución pudiera darle un trabajo, a fin de tener los medios para seguir obteniendo los ingresos que le permitieran seguir y sostener su vida familiar y personal.
¿Cuánto valen ocho años de vivir con la imagen de defraudador?, de vivir como un delincuente, en su casa, si, pero a la vista de sus vecinos, de sus amigos, de su familia. ¿Cuánto vale la destrucción de la imagen pública por la que se ha trabajado toda la vida y de un momento a otro se le pone la etiqueta de ladrón, defraudador, corrupto y demás calificativos?
Es claro que la fiscalía que lo acusó y lo mantuvo tras las rejas y con la etiqueta de delincuente durante ocho años no habrá de reparar el daño moral y todo lo que representa para el profesor catedrático universitario.
Ni siquiera una disculpa pública ha habido o se ha anunciado y es que eso solamente lo hace la autoridad, cuando una persona se queja ante la Comisión de Derechos Humanos y ésta, a su vez, decide emitir una recomendación que la autoridad correspondiente puede acatar o no.
Tan mala y dañina es la impunidad que en México es tan recurrente, como nefasta es una acusación falsa, sin fundamentos y todo el proceso que tiene que llevarse ante los tribunales para demostrar y que se reconozca la inocencia de una persona.
El caso de Sosa Castelán es muy sintomático de la clase de justicia que se imparte en México, pues es preciso aclarar que no se trató de una sentencia absolutoria, no fue una disolución de pruebas, como muchas veces ocurre en los juicios, no fue tampoco un sobreseimiento, fue un amparo en contra del acto de vinculación a proceso dictada por el juez de la causa.
Ocho años tuvieron que pasar para que un tribunal, en la última instancia judicial declarara inválido ese auto de vinculación a proceso. Qué justicia tan injusta.