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JUAN GARCÍAHEREDIA
El sector gasero de México se quejó de un trato inequitativo y discriminatorio en una reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 78-E, fracción IX, aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de noviembre de 2026 y exigió corregir esto, a pesar de que ya fue enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Así pues la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) dio a conocer que las empresas del sector de gas licuado de petróleo (gas LP) expresan su extrañamiento «por la exclusión de este energético de las excepciones a los nuevos límites de deducciones y pérdidas fiscales del Impuesto Sobre la Renta (ISR), aprobadas
por la Cámara de Diputados el 3 de noviembre».
«Reconocemos y compartimos el propósito del Gobierno federal de combatir la evasión fiscal, las operaciones simuladas y las prácticas que afectan la recaudación», recalca la agrupación en un escrito añadiendo que «estamos convencidos de que el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el fortalecimiento de la legalidad son indispensables para el desarrollo del país».
Sin embargo -aclara-, solicitamos revisar el tratamiento otorgado al gas LP particularmente porque la reforma (a) la Ley del Impuesto Sobre la Renta contempla, en el artículo 78-E, fracción IX, la excepción para quienes cuentan con permisos para expender, distribuir o comercializar gasolinas y diésel, sin extender ese mismo reconocimiento a nuestro sector (es decir el gasero).
La asociación detalla que el gas LP comparte con estos combustibles condiciones jurídicas, económicas y regulatorias que justifican un
tratamiento fiscal equivalente. «Su distribución está regulada por la Ley del Sector Hidrocarburos y sujeta a precios máximos establecidos por la autoridad. Por ello, consideramos que su exclusión constituye un acto inequitativo e incluso discriminatorio», subraya.
Además -agrega-, el gas LP es un combustible que miles de familias utilizan diariamente para cubrir necesidades esenciales en sus hogares.
Al puntualizar que durante la discusión legislativa se planteó la pertinencia de incluir al gas LP en dicha excepción, el organismo empresarial lamentó que, «no obstante, estos argumentos quedaron fuera del texto aprobado».
«Es importante precisar -destaca- que la excepción exigida no implica dejar de pagar impuestos ni eliminar las obligaciones de comprobación y fiscalización. Se trata de reconocer las condiciones particulares de una actividad que opera con precios máximos y márgenes operativos topados por el Estado, por lo que su baja rentabilidad no obedece a estrategias fiscales, sino a las condiciones propias de la operación y al esfuerzo por mantener el suministro de gas
LP como un apoyo constante a la economía de los hogares y las empresas de México».
En otro punto, la Amexgas alerta que la aplicación de los nuevos límites fiscales, sin considerar estas circunstancias, puede afectar la capacidad financiera de las empresas, reducir su posibilidad de inversión y comprometer la sostenibilidad de una actividad indispensable para el abastecimiento de gas LP a las familias mexicanas.
«Por ello, solicitamos respetuosamente al Congreso de la Unión: Impulsar las medidas legislativas necesarias para incorporar al gas LP en la excepción prevista en el artículo 78-E, fracción IX, bajo las condiciones establecidas para gasolinas y diésel. Esta medida debe reconocer las condiciones jurídicas, económicas y regulatorias que comparten estas actividades,
manteniendo las obligaciones de contribuir, comprobar sus operaciones y cumplir la ley», manifiesta la Amexgas en su documento dirigido a la sociedad mexicana y al Congreso de la Unión.