*Evidencia electrónica relevante para el 85% de las investigaciones criminales; pero en el 65% de los casos tiene su origen en otro país de la UE
Para que las investigaciones transfronterizas sean más eficaces, los eurodiputados votaron a favor de adoptar nuevas normas sobre el intercambio de pruebas electrónicas por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
El paquete legislativo adoptado por el Parlamento Europeo (PE) introducirá un marco coherente de la Unión Europea (UE) para el manejo de pruebas electrónicas, acelerará el proceso de recopilación de pruebas y mantendrá las garantías de los derechos fundamentales.
Los eurodiputados aprobaron el paquete de dos partes por 433 votos a favor, 157 en contra y 34 abstenciones (para el reglamento sobre órdenes de presentación de pruebas) y 438 votos a favor, 152 en contra y 34 abstenciones (para la directiva sobre representantes legales).
Mecanismo transparente con salvaguardas de los derechos fundamentales
Las nuevas reglas permitirán a las autoridades nacionales solicitar pruebas directamente a los proveedores de servicios en otros estados miembros (las llamadas «órdenes de producción»), o solicitar que los datos se conserven hasta 60 días, para que los datos relevantes no se destruyan o pierdan. (“órdenes de conservación”).
La ley también introduce un plazo obligatorio de 10 días para responder a una orden de producción (ocho horas en casos de emergencia). Como parte del mismo paquete, los eurodiputados adoptaron una directiva que obliga a los proveedores de servicios que ofrecen servicios en la UE a nombrar establecimientos designados o representantes legales donde las autoridades de los estados miembros pueden abordar las solicitudes de evidencia electrónica.
Los eurodiputados introdujeron disposiciones que garantizan que las autoridades puedan rechazar solicitudes de pruebas cuando tengan preocupaciones sobre la libertad de los medios o violaciones de los derechos fundamentales en el estado miembro solicitante, y los proveedores de servicios podrán señalar inquietudes sobre la libertad de los medios.
También aseguraron que las autoridades ordenantes que solicitan datos confidenciales (como datos de tráfico, excepto cuando se usan solo para identificación y datos de contenido) en la mayoría de los casos tendrán que notificar a las autoridades del país de destino para garantizar la transparencia.
Cita
Después de la votación, la ponente Birgit Sippel (S&D, DE) dijo: «Este es un gran paso adelante para la cooperación de las autoridades policiales en los estados miembros de la UE y los proveedores de servicios.
El Parlamento se ha asegurado de que los derechos fundamentales permanezcan protegidos, ya que el estado miembro en en el que se encuentra el proveedor de servicios será «notificado» de las solicitudes de datos especialmente sensibles, a menos que el sospechoso viva en el Estado emisor y el delito se haya cometido allí.
La orden puede entonces ser denegada, por ejemplo, cuando pone en peligro los derechos fundamentales o cuando el delito no es un delito en el país del proveedor de servicios. También nos aseguramos de que estas reglas estén alineadas con las reglas de protección de datos de la UE e introdujimos un modelo de software seguro y descentralizado para el intercambio seguro de pedidos y datos. Ahora, es el momento para este paquete. para ser efectivamente implementado”.
Fondo
La Comisión Europea estima (estimates) que la evidencia electrónica es relevante para el 85 % de las investigaciones criminales, y en el 65 % de estos casos, la evidencia debe obtenerse de otro estado miembro.
La evidencia puede consistir en datos de contenido (como texto, voz, imágenes, video o sonido), datos de tráfico (por ejemplo, marcas de tiempo, detalles de protocolo y compresión e información sobre los destinatarios) o datos de suscriptor (información de identificación de un suscriptor o cliente).
Actualmente, el intercambio de este tipo de evidencia depende de una variedad de acuerdos bilaterales e internacionales sobre asistencia legal mutua (MLA), lo que resulta en un panorama fragmentado y, a menudo, en procedimientos prolongados.
El Parlamento Europeo ha abogado por la armonización de los procedimientos para las solicitudes de pruebas electrónicas transfronterizas desde 2017.
En la foto: Birgit Sippel, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.
Foto: Cortesía