*Exige que el Senado dictamine la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión
JUAN GARCÍAHEREDIA
La violencia y la extorsión en la frontera norte de México se han convertido en una amenaza directa al crecimiento económico, inversión y generación de empleo, aseguró el sector patronal este 11 de noviembre de 2025, al exigir que el Senado dictamine la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, aprobada ya por los diputados.
«Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 8 mil 585 víctimas de extorsión, un incremento de 5.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2024. De ese total, 11.8 por ciento ocurrió en los 43 municipios fronterizos, donde los casos aumentaron 15.2 por ciento frente al año anterior», detalló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Alertó que «uno de cada cuatro asesinatos del país (25%) sucede en municipios de la franja fronteriza, una zona estratégica para el comercio exterior y la industria nacional que enfrenta un deterioro acelerado en sus condiciones de seguridad».
De acuerdo con la Coparmex, sin seguridad no hay inversión, empleo ni desarrollo. «Las extorsiones, el cobro de piso y las amenazas afectan especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que son el corazón productivo del país».
Cuando un empresario se ve obligado a cerrar, trasladarse o trabajar bajo amenaza, se pierden empleos, oportunidades y confianza. «La inseguridad no puede normalizarse ni quedar fuera de la agenda nacional», expuso el organismo empresarial.
Asi pues, la Confederación Patronal de la República Mexicana reafirmó que la seguridad es la base del «Estado de Derechos» y condición indispensable para el desarrollo económico y social.
«La Estrategia Nacional Antiextorsión reportó 59 mil 283 llamadas relacionadas con este delito entre el 6 de julio y el 28 de septiembre de 2025. Aunque el 74 por ciento de los intentos no se concretó, cinco mil 959 extorsiones fueron consumadas o contaron con datos suficientes para abrir carpeta de investigación. Sin embargo, la cifra negra alcanza el 97 por ciento, lo que implica que solo se atiende una mínima parte de los casos», puntualiza la agrupación.
Consideró urgente que el Senado de la República dictamine la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, ya aprobada por la Cámara de Diputados, a fin de homologar criterios, fortalecer la coordinación entre autoridades y dotar de mayores herramientas legales a las fiscalías estatales.
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