*Juanita Guerra propone crear la Comisión Nacional de Supervisión y Rendición de Cuentas Ambientales
JUAN GARCÍAHEREDIA
A pesar de que en México existen más de 26 mil concesiones mineras que cubren 30.6 millones de hectáreas, las autoridades solo realizan alrededor de 200 visitas de inspección al año, es decir, menos del uno por ciento de supervisión efectiva, lo cual muestra que los marcos actuales son insuficientes para prevenir daños ambientales de gran escala, reveló la senadora pevemista Juanita Guerra Mena.
Así pues, la legisladora propuso la creación de la Comisión Nacional de Supervisión y Rendición de Cuentas Ambientales, con el fin de fortalecer la transparencia, la responsabilidad corporativa y la confianza ciudadana, así como asegurar que las empresas que operan en México adopten prácticas sustentables, contribuyan a la mitigación de impactos ambientales y cumplan con las obligaciones establecidas en la ley.
De acuerdo con la representante popular, se trataría de un órgano especializado dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), cuya función principal sería supervisar a las empresas en materia ambiental, exigir informes periódicos, evaluar indicadores de cumplimiento, emitir recomendaciones sobre el uso de los recursos naturales, implementar prácticas sustentables y, establecer sanciones en caso de incumplimiento, todo esto en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Si bien la LGEEPA constituye el marco normativo principal para la preservación y restauración del ambiente, en la práctica existe una falta de mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas específicas para las empresas. Agregó que gran parte de las auditorías y evaluaciones dependen de inspecciones puntuales de la Profepa, las cuales resultan insuficientes, dijo.
Recordó que en agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, provocó el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, con lo que se convirtió en el peor desastre ambiental minero en la historia del país, que afectó a ocho municipios y más de 22 mil habitantes, quienes vieron comprometido su acceso al agua potable, la viabilidad de la agricultura y la ganadería locales, así como su salud.
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