Se agota el tiempo para el mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, sentenciado a muerte en Estados Unidos por la violación y asesinato de su prima hermana, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recurre a todos los procedimientos legales que estén al alcance de sus manos para que la sentencia sea conmutada. La ejecución está programada para este miércoles en una cárcel de Texas.
Al respecto, el subsecretario de la Cancillería mexicana, Carlos Sada Solana, informó que el tema es de la mayor preocupación para México porque se trata de un mexicano que está condenado a ser ejecutado hasta ahora y si no sucede otra cosa el próximo miércoles ocho de noviembre. «Lo que estamos defendiendo es el principio y el derecho a la vida, y los derechos fundamentales humanos más elementales en el caso de Rubén Cárdenas Ramírez sin meternos a juzgar el tema de un delito que supuestamente fue cometido».
Dijo que México ha reiterado nacional e internacionalmente su voluntad a seguir colaborando para seguir con acciones como se han logrado hacer en otros casos, en otros estados de la Unión Americana, la moratoria a las ejecuciones y eventualmente la abolición de la pena de muerte.
Sada Solana apuntó que el Gobierno de la República, a través de la Cancillería y las representaciones de México en el exterior «estamos dando puntual seguimiento a alguno de estos casos que se presentan, y vamos a mencionar algunas estadísticas al respecto. Así mismo se les brinda asistencia y protección consular correspondiente, con el propósito, y esto lo subrayo que se observe siempre el debido proceso legal; esa es la parte que nos motiva y nos da fundamento para defender la integridad de nuestros connacionales».
Subrayó que el gobierno de México no pretende condonar delitos, «no se está juzgando el delito, se está juzgando el principio y es respetuoso de los sistemas judiciales de otros países. El objetivo es promover que todos los connacionales tengan debidamente acreditado su debido proceso y que tenga las defensas necesarias y que se circunscriban a las convenciones como México es signatario, como en este caso la Convención de Viena».
En su momento, Alejandro Alday, consultor Jurídico de la SRE, comentó que el caso de Rubén Cárdenas Ramírez «nos pone nuevamente frente a la situación de la pena de muerte en los Estados Unidos; esta es una situación que el gobierno mexicano ha tratado de combatir por todos los medios jurídicos desde que inicia el caso».
Informó que los casos de pena de muerte en los Estados Unidos «los atendemos desde el año 2000, no quiere decir que antes no- pero en ese año se crea un Programa para la Atención a Mexicanos que Enfrentan la Pena de Muerte en los Estados Unidos para brindarles atención jurídica en todas las etapas que lleva el procedimiento y posteriormente el proceso ante un juez, para evitar precisamente que no se violen los derechos procesales de los mexicanos, es decir, que se le respeten todas las garantías del debido proceso, que tengan derecho a hablar con un abogado que los represente frente a las autoridades, que ese abogado garantice también que cada una de las etapas de juicio se desarrolle conforme al derecho».
Indicó que este programa, desde el año 2000, tiene intervención en más de mil ciento cincuenta casos de esta naturaleza, en los cuales en mil catorce personas se ha evitado que se les imponga la pena de muerte, gracias a este programa, y esto nos da un 88 por ciento de éxito del programa que tiene el gobierno de México para los casos de pena de muerte en los Estados Unidos.
«Al margen de este Programa de Atención a los Mexicanos que enfrentan la Pena de Muerte en los Estados Unidos, tenemos una herramienta muy poderosa como país para defenderlos, y es la sentencia que emitió la Corte Internacional de Justicia en el año 2004, en el famoso caso Avena, que es un caso en el que México demandó del Gobierno de los Estados Unidos el cumplimento de una obligación que existe en la Convención de Viena sobre relaciones consulares, de la cual Estados Unidos y México somos parte y que consiste fundamentalmente en los siguiente:
Que cuando una autoridad, en este caso de los Estados Unidos, detenga por cualquier motivo a un mexicano le informe que tiene el derecho de contactar a su consulado, para que el Consulado de México pueda brindar la atención al mexicano para efectivamente garantizar que se le respeten los derechos básicos de los que he hablado», acotó.
Añadió, «la Corte Internacional de Justicia emitió su fallo a favor de la pretensión de México y decretó que los Estados Unidos ha violado este derecho de notificación consular en 51 casos de mexicanos que estaban enfrentando procesos de pena de muerte y decretó también que Estados Unidos a través de todas sus cortes, todas las cortes del país que tuvieran estos casos tenían que llevar a cabo una revisión de cada uno de estos procedimientos de los procesos penales en los que estuvieran envueltos los 51 mexicanos que fueron sometidos a su juicio.
Dijo que el mexicano Rubén Cárdenas, «es uno de esos 51 mexicanos que está, si se me permite la expresión, cubiertos por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia y por ellos en este caso nuevamente las autoridades de Texas violan una obligación internacional del Gobierno de los Estados Unidos al dejar de observar esta obligación, al negarle este derecho básico a Cárdenas Ramírez de contactar a su Consulado para que el Consulado le brindara la atención apropiada y garantizara que su juicio se sigue conforme al debido proceso, eso es lo que yo quisiera señalar en este momento Subsecretario».