*Fueron evaluados con el Índice de Integridad de Proveedores del Estado 2025
JUAN GARCÍAHEREDIA
Han sido reprobados en integridad la mitad de los 100 contratistas principales del Gobierno de México, según informes revelados por la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) este 16 de febrero de 2026.
«Durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, las 100 empresas que más recibieron contratos públicos acumularon el 49.8 por ciento del total de recursos asignados mediante contratación pública y transparente a través del portal ComprasMX (antes CompraNet). En total, recibieron 403 mil 968 millones de pesos de nuestro dinero. Se esperaría que este grupo de empresas, al ser los contratistas públicos más destacados, también fueran empresas notables por sus políticas de integridad, una pieza fundamental para evitar el riesgo de prácticas corruptas», subraya la agrupación.
Aclara que, para poder evaluar las políticas de ética corporativa del grupo de 100 empresas contratistas más grandes, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad desarrolló el Índice de Integridad de Proveedores del Estado 2025 (IIPE).
«En esta primera edición -añade-, la calificación promedio fue de 56 puntos sobre un máximo de 100, mostrando un rezago importante en la implementación de programas de cumplimiento y políticas relacionadas con el comportamiento ético de las compañías. Ninguna de las 100 empresas obtuvo el máximo puntaje posible y 46 de ellas tienen una calificación reprobatoria, inferior a 60 puntos».
«Además, 27 compañías no cumplieron con alguno de los criterios indispensables para ser proveedores del gobierno, tales como tener un registro como proveedor o una dirección física verificable. Incluso, una de estas compañías fue inhabilitada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno durante 2025», puntualiza la información publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en https://contralacorrupcion.mx/reprobados-en-integridad-la-mitad-de-los-100-contratistas-principales-del-gobierno/.
Agrega, entre otras cosas, que «estos resultados evidencian que una proporción relevante de los principales proveedores del Estado carece de capacidades mínimas para prevenir y gestionar riesgos de corrupción, lo que no solo limita la efectividad de los programas de cumplimiento corporativo, sino que incrementa la exposición del Estado a prácticas irregulares en la ejecución de contratos y en el ejercicio del gasto público».
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