FGR reestructura la investigación sobre Estafa Maestra desde una perspectiva de delincuencia organizada
Asegura Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República (FGR), que en 60 días se judicializará el caso Odebrecht y se aplicará la normatividad en materia de delincuencia organizada.
Lo anterior, durante la presentación de los primeros 100 días de trabajo de la institución, en donde señaló que el caso Odebrecht, «tan grave para la imagen del país, y para su respetabilidad y confianza, lo inició la Procuraduría General de la República (PGR), desde enero de 2017 y, hasta la fecha, no había dado resultado alguno; razón por la cual la Fiscalía ha tenido que reponer, en buena parte, ese procedimiento, con base en la información recopilada recientemente; y en un plazo que no debe pasar de 60 días, se habrá de empezar a judicializarlo bajo la premisa de una maquinación delictiva, en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada».
Fue larga su conferencia y en ella abordó diversos temas, sus avances y lo que se emprende, como el caso Ayotzinapa, del que indicó que. «Después de haber conocido la investigación que, al respecto, acaba de culminar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República propuso al Presidente de dicha Comisión, apoyarse en dicha investigación, en una tarea conjunta con la Comisión de la Verdad, los padres y familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y esta Fiscalía General de la República; reponiendo el procedimiento en todo lo que sea necesario para así recuperar la credibilidad y la justicia en este caso emblemático de corrupción y encubrimiento».
Por lo que respecta a la investigación sobre la tragedia de Tlahuelilpan, «la FGR ha realizado, junto con la Fiscalía del Estado de Hidalgo, 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales, 25 informes de investigación criminal y se han recibido 84 informes y documentos de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, estableciendo la secuencia cronológica de los hechos, lo que permitió identificar, a través de testimonios de los vecinos y otras pruebas, a quienes convocaron a la población al sitio del siniestro, y a quienes, en forma irresponsable, provocaron el incendio correspondiente».
Añadió que, «en este asunto existe todavía un proceso de investigación respecto a los posibles atrasos por parte del personal de PEMEX en la atención a la fuga de combustible, ya que hay una discrepancia notable entre los protocolos de esa empresa, frente a una situación tan grave como la que se vivió; por lo que se ha solicitado y se ha obtenido la próxima presencia de peritos especiales en siniestros petroleros del FBI, quienes dictaminarán sobre el particular; y, una vez que se cuente ya con toda la base pericial, se darán a conocer, de inmediato, los resultados».
En cuanto a la presunta Estafa Maestra, Gertz Manero indicó que, con base en dictámenes de auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, este caso se inició en la entonces PGR, en octubre de 2015, acumulando 21 procedimientos independientes unos de otros, relacionados con funcionarios de la extinta Secretaría de Desarrollo Social y 2 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como de dirigentes de diversas universidades públicas del país, dentro de las cuales se han obtenido 5 vinculaciones a proceso. Se encuentran pendientes de celebrar audiencias iniciales en 2 de esas 5 carpetas de investigación, respecto a 5 ex servidores públicos de ambas Secretarías».
Informó que, bajo ese mismo esquema, en 2017 y 2018, la PGR inicio 2 carpetas de investigación adicionales; una relacionada con ex servidores públicos de SAGARPA y otras instituciones públicas de educación superior, en las que se obtuvieron 10 vinculaciones a proceso. En una de ellas, existe sentencia condenatoria en contra de un Particular, mediante Procedimiento Abreviado.
En relación con este tema, la FGR está restructurando toda la investigación general de este asunto, a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos, no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros; por lo cual debió de haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público, ya que los elementos aportados así lo indican; razón por la cual es necesario reestructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada, en un posible delito de estado, encubierto en su momento posiblemente por diversas instancias públicas como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más; razón por la cual se procederá de inmediato a investigar esta hipótesis criminal, mientras se continúan los procesos ya iniciados.
