México enfrenta desafíos en materia institucional, especialmente a nivel estatal y municipal.

Hacer del Estado de Derecho una prioridad, una de las grandes demandas de los mexicanos, de acuerdo al índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, del World Justice Project (WJP).

Alejandro Ponce, jefe de investigación del WJP, señaló que «México enfrenta desafíos en materia institucional, especialmente a nivel estatal y municipal. Por consiguiente, es necesario avanzar alianzas y políticas públicas que fortalezcan las instituciones y garanticen el cumplimiento de la ley.

Tal transformación requiere de la participación y compromiso de todos. El WJP busca contribuir a tal esfuerzo mediante la generación de información especializada, veraz y oportuna».

En su segunda edición, que clasifica a las 32 entidades del país, el Índice presenta puntajes para 42 indicadores de desempeño, agrupados en ocho factores, los cuales fueron calculados a partir de los resultados de una encuesta a 25 mil 600 personas, de encuestas a más de 2 mil 600 expertos en todo el país y de datos fiables de terceras fuentes. Los ocho factores representan manifestaciones clave del Estado de Derecho: (1) límites al poder gubernamental, (2) ausencia de corrupción, (3) gobierno abierto, (4) derechos fundamentales, (5) orden y seguridad, (6) cumplimiento regulatorio, (7) justicia civil y (8) justicia penal.

Al igual que en la edición anterior, ninguna entidad obtuvo un puntaje mayor a 0.50 en una escala de 0 a 1, donde 1 representa mayor adhesión al Estado de Derecho. Por segundo año consecutivo, Yucatán ocupa la primera posición en el informe, seguido de Aguascalientes y Zacatecas. En contraste, Guerrero, Puebla y Quintana Roo se encuentran en los últimos lugares de la clasificación. En la edición pasada, Guerrero también se ubicó al final del ranking.

Entre la edición de 2018 y la de 2019-2020, los puntajes del Índice de Estado de Derecho en México aumentaron en 15 estados (Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán), descendieron en 11 (Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas) y permanecieron sin cambios en seis (Campeche, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco y Querétaro).

El resultado más preocupante del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 es el retroceso en el Factor 5, orden y seguridad, en el cual 19 estados del país bajaron su puntaje, como consecuencia del aumento en la tasa de homicidios, del aumento en la prevalencia e incidencia delictivas y del deterioro de la percepción de seguridad de los mexicanos.

El Índice también revela algunos avances. La puntuación del Factor 1, límites al poder gubernamental, que mide si los contrapesos limitan el actuar de los gobiernos estatales, aumentó en 26 estados del país. Al igual que en la edición de 2018, el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 confirma que los contrapesos más efectivos de los gobiernos estatales son la participación de la sociedad civil y la prensa.

El reporte completo del Índice, incluyendo perfiles de estados, infografías, videos informativos, metodología y opciones de descarga de datos, así como un micrositio interactivo con los resultados por entidad federativa, está disponible en: http://index.worldjusticeproject.mx/