Impunidad, corrupción y complicidad, de la periodista Soledad Jarquín Edgar, realizada en
la Biblioteca Legislativa “Dr. José María Luis Mora”, la diputada Ruth Salinas Reyes (MC)
señaló la importancia de que, en el próximo presupuesto de egresos estatal, se asignen
mayores recursos para fortalecer la implementación de protocolos de atención, la
protección de víctimas y la reparación integral del daño.
La legisladora subrayó que esta propuesta cobra especial relevancia ante la persistencia
de la violencia de género en el país.
Asimismo, recordó que el Congreso del Estado de México ha avanzado en la materia
mediante la tipificación y endurecimiento de penas, el mandato a los municipios para
establecer protocolos de atención a víctimas y la decisión de que la Comisión Legislativa
de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y
Desaparición funcione como órgano ordinario.
Durante el encuentro, se destacó que la presentación del libro representa un espacio de
reflexión y diálogo sobre los retos que enfrentan las instituciones para garantizar el
acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres.
Tanto autoras como participantes hicieron un llamado a continuar fortaleciendo las políticas
públicas, la coordinación institucional y la asignación de recursos para atender de manera
integral la violencia de género.
La obra Revelaciones de un crimen de Estado fue presentada con la moderación de Sara
Lovera López, editora de género de la Organización Editorial Mexicana, quien resaltó la
importancia de visibilizar y documentar las historias de búsqueda de justicia para impulsar
cambios estructurales y fortalecer el Estado de derecho.
Soledad Jarquín describe en el libro su búsqueda de justicia por el asesinato de su hija
María del Sol Cruz Jarquín, ocurrido el 2 de junio de 2018 en Juchitán de Zaragoza,
Oaxaca, De acuerdo con cifras compartidas por la periodista Gabriela Ramírez, entre 2015 y marzo de 2025 se han documentado 8 mil 500 feminicidios, de los cuales menos de tres de cada diez han recibido sentencia judicial.
