En seguimiento a la política de seguridad del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Estrategia Nacional contra la Extorsión se ha consolidado como una acción prioritaria. Como parte de este esfuerzo, se ejecutó un importante operativo de traslado de Personas Privadas de la Libertad (PPL) desde centros penitenciarios estatales en Michoacán hacia penales del sistema federal.
Un total de 25 internos fueron movilizados vía aérea, buscando cortar de tajo las redes de extorsión que, en muchas ocasiones, se orquestan desde el interior de las cárceles locales.
Operativo Conjunto y Despliegue de Fuerzas Federales
La acción fue coordinada e implementada por la Coordinación de Política y de Prevención de la Reinserción Social ($\text{PyRS}$) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ($\text{SSPC}$).
El traslado requirió de un despliegue operativo terrestre y aéreo que contó con la participación crucial de diversas instituciones de seguridad:
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Secretaría de la Defensa Nacional ($\text{SEDENA}$): Apoyo logístico y seguridad perimetral.
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Guardia Nacional ($\text{GN}$): Acompañamiento terrestre y vigilancia de las rutas.
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Servicio de Protección Federal: Garantizando la seguridad y el resguardo de los operativos.
La coordinación interinstitucional federal aseguró que el traslado se realizara con la máxima seguridad y eficiencia, desde los centros de origen en Michoacán hasta las instalaciones penitenciarias federales de destino.
Impacto Directo: Control y Seguridad Interna Reforzada
Este tipo de operativos buscan generar un efecto inmediato y directo en la seguridad y el control de los centros penitenciarios de Michoacán.
El traslado de PPLs identificadas como generadoras de violencia o líderes de redes criminales tiene un doble objetivo:
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Restablecimiento del Control Interno: Neutralizar el liderazgo negativo dentro de los penales estatales.
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Fortalecimiento de la Seguridad: Proteger tanto al personal operativo como a la población penitenciaria restante, reduciendo la incidencia de extorsiones y otros delitos generados desde el interior.
Esta medida subraya el compromiso de la administración federal para desarticular las estructuras delictivas que utilizan el sistema penitenciario como centro de operaciones para delitos de alto impacto como la extorsión a la ciudadanía.
