Como un organismo “comparsa de un régimen autoritario», calificó la senadora priista en México, Anabell Ávalos Zempoalteca, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); en tanto, la panista Guadalupe Murguía dijo que no se ha visto a este organismo manifestar su apoyo a madres buscadoras.

De hecho, senadores de la República expresaron sus puntos de vista respecto al Informe de Actividades 2025 de la CNDH, que este 26 de enero de 2026 presentó la presidenta de este organismo, Rosario Piedra Ibarra, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México.

Por su parte la funcionaria pública aseguró que, bajo su gestión en los últimos años, se ha asumido una defensa más proactiva y útil para el pueblo, y se han dejado atrás privilegios burocráticos y vínculos políticos y económicos que desvirtuaban la razón de ser de la CNDH, “para poner en el centro a las personas, sobre todo a quienes han sido históricamente ignoradas”, de acuerdo con datos camerales.

Sin embargo, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) María Guadalupe Murguía Gutiérrez subrayó que no se ha visto a la CNDH manifestar su apoyo a víctimas, a madres buscadoras, o manifestarse en temas de migración, de desplazados o por las agresiones y persecuciones a periodistas, tampoco en feminicidios y desapariciones.

La panista consideró que hoy la CNDH es un órgano del propio gobierno federal, lo cual “compromete su independencia, pero establece un grave precedente: no importa qué tan grave sea la violación a los derechos humanos, no pasa nada”.

A su vez, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Anabell Ávalos Zempoalteca, cuestionó a Piedra Ibarra sobre si la CNDH cumple con su función original de proteger a las personas de las arbitrariedades de la autoridad y como contrapeso político para denunciar los atropellos de los gobiernos a través de recomendaciones que obligan a los funcionarios a rendir cuentas.

Consideró que, contrario a ello, el organismo autónomo es “comparsa de un régimen autoritario que viola derechos humanos” y tarda mucho tiempo para emitir recomendaciones o no lo hace, como en el caso del rancho de Teuchitlán, Jalisco, donde se hallaron prendas de personas presuntamente desaparecidas.

En contraparte, la morenista María Guadalupe Chavira de la Rosa, opinó que durante la administración de Rosario Piedra Ibarra (en la CNDH) se ha priorizado a grupos históricamente vulnerados, y se sostiene la progresividad de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales como eje de las políticas públicas.

No obstante, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, criticó que, aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue creada para “incomodar al poder” cuando vulnera los derechos de las personas, actualmente “se aleja del estándar de exigencia que el país necesita en temas que más le duelen”.

Lamentó que, por ejemplo, con la ampliación de las facultades de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, en 2025 se registraron 908 quejas de las cuales 506 se concluyeron por “no acreditarse violaciones”; cifras que, sostuvo el senador, alertan del riesgo de perdón a “actores con poder” y cierre de expedientes “sin explicación pública”.