En sesión extraordinaria y por unanimidad, el Pleno del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc reinstaló en su cargo al concejal de Morena, Emilio Villar González, quien regresó con la firme intención de denunciar presuntos actos de extorsión y cobro de derecho de piso por parte de funcionarios de la demarcación.
Durante su intervención, el concejal expuso ante la presidenta del Concejo y alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, tres problemáticas que —aseguró— afectan gravemente a la demarcación: gentrificación, extorsión y falta de servicios urbanos.
Villar González anunció que acudirá a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para presentar las denuncias correspondientes por presuntos cobros ilegales en agravio de comerciantes en vía pública. “Habremos de traerle a todas las personas con pruebas, videos y fotos que trabajan en vía pública y están cobrando derecho de piso”, advirtió.
La reinstalación del concejal se dio tras un fallo a su favor del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, resolución que fue acatada por la titular de la alcaldía. No obstante, Villar acusó que tuvo que hacer valer su derecho a la libre expresión, ya que —dijo— la alcaldesa cerró el encuentro sin respetar su petición de uso de la palabra.
Aunque la alcaldesa se ofreció a acompañarlo ante la Fiscalía capitalina, el concejal de Morena confió en que, además de las denuncias, se proceda a la separación del cargo de los funcionarios presuntamente involucrados en estas prácticas.
“Regresamos a este Concejo para alzar la voz en defensa de las causas justas de Cuauhtémoc y denunciar todo aquello que está mal”, sostuvo Villar, quien adelantó que insistirá en señalar la presunta relación entre el cobro de derecho de piso, grupos del crimen organizado y distintos órdenes de gobierno en la demarcación.
Al concluir la sesión recibió una limpia a manera de recepción frente a las oficinas de la alcaldia.
Finalmente, afirmó que continuará defendiendo a los sectores que —dijo— han sido históricamente abandonados en Cuauhtémoc, entre ellos pueblos y comunidades indígenas, comerciantes en vía pública, personas en situación de vulnerabilidad y la comunidad LGBTTTIQ+.
