Deben gozar de independencia judicial, tener amplios poderes de control como revisiones judiciales constantes y que en el país se pueda acceder fácilmente a la justicia.
La participación del Ejército o la milicia en las tareas contra grupos criminales genera un espacio propicio para posibles faltas o delitos en contra de la sociedad. Una puerta abierta a los abusos de poder y a violaciones de derechos humanos, de parte de los militares. ¿Cuándo se le puede juzgar a un militar en una corte constitucional y cuándo en un tribunal militar?
En el libro “Democracia y militarismo en América Latina”, el Dr. Julio Ríos, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, analiza las funciones de las cortes constitucionales cuando los países tienen conflictos de seguridad interna.
En la investigación se abordaron herramientas teóricas para entender el papel que desempeñan los tribunales constitucionales como mediadores entre las fuerzas armadas y la sociedad civil. Se partió del estudio del contexto político y conflictos de seguridad interna a partir de la segunda mitad del silgo XX y posteriormente se aplicó un análisis comparado entre Perú, Colombia y México.
Para Julio Ríos, Colombia destaca por tener una corte constitucional que funge como mediadora para ayudar a las fuerzas armadas, a los ciudadanos y a los gobiernos a solucionar sus conflictos. En el caso de México, el acceso a los máximos tribunales es restringido; y en Perú, la principal afectación es que las cortes no cuentan con la independencia política necesaria.
Dinámica de las cortes constitucionales
Las cortes constitucionales son organismos presentes en las democracias, cuya función es impartir justicia. En el caso de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es considerada el máximo tribunal constitucional, cuya responsabilidad es defender el orden establecido por la Constitución. Por lo tanto, no existe autoridad que esté por encima de ella o recursos legales que se apliquen en contra de sus resoluciones.
Según el Dr. Ríos, existen tres condiciones para que las cortes constitucionales sean mediadoras positivas en diferentes conflictos: deben gozar de independencia judicial, tener amplios poderes de control como revisiones judiciales constantes y que en el país se pueda acceder fácilmente a la justicia.
Las cortes constitucionales mexicanas no cumplen con esas condiciones; “la Corte tiene independencia relativa desde 1994, tiene poderes de revisión constitucional más o menos buenos, pero es muy difícil llevar casos. Entonces tienes a las personas que están siendo afectadas por la intervención militar en sus comunidades, llevando casos, no a la Corte Suprema, no al Poder Judicial; pero sí a la Comisión de Derechos Humanos. Ahí es donde se acumulan las quejas contra los militares, porque no hay un fácil acceso a la justicia”.
En cuanto a Perú, en las cortes constitucionales no hay independencia para ejecutar sus tareas y ejercer justicia, ya que su intervención en conflictos de orden militar depende del gobierno en turno, éstos deciden si las cortes participan o no.
“Es sólo cuando tienes las tres condiciones, como en el caso de Colombia, que hay una convergencia virtuosa de la Corte Suprema, que ayuda a que los gobiernos y las fuerzas armadas convivan positivamente para atender una situación que es muy complicada, como el crimen organizado”, expresó el Dr. Ríos.
“Democracia y militarismo en América Latina” además de examinar cortes constitucionales de América Latina, ofrece un panorama del funcionamiento de los tribunales y sus funciones como mediadores en Israel, Turquía y Pakistán.
Julio Ríos Figueroa es profesor investigador de la División de Estudios Políticos en el CIDE. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York. Sus líneas de investigación están enfocadas en temas como constitucionalismo, estado de derecho y poder judicial, con un enfoque en política comparada sobre América Latina.
Foto: CIDE
