Consideramos que hasta el momento existe una mala actuación por parte del MP
La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (Catwlac, por sus siglas en inglés) expresa su preocupación por los delitos en materia de trata de personas cometidos por el ciudadano canadiense Walter Suk en contra de por lo menos tres niñas en el municipio de Acapulco, estado de Guerrero.
No obstante que los hechos tuvieron lugar hace unos días, es reprobable la cantidad de irregularidades que ya presenta la denuncia y el incipiente desarrollo de la investigación, aun si la autoridad competente para investigar y sancionar estos delitos fuera el Ministerio Público (MP) local o federal.
Consideramos que hasta el momento existe una mala actuación por parte del MP, puesto que omitió lo señalado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; la Ley General de Víctimas y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por esta razón, exigimos que el MP explique cómo está garantizando el interés superior de la niñez en el curso de su actuación, o por qué invade competencias cuando la federalidad
se configura desde el momento en que existe un delito iniciado en el extranjero con efectos en territorio nacional, como es el caso del turismo sexual infantil.
En nuestro carácter de organización de la sociedad civil que defiende los derechos humanos de las mujeres y las niñas, informamos a la opinión pública que nos encontramos en vigilancia permanente hacia el desempeño del juez, con el fin de que se garantice no sólo el interés superior de la niñez, sino también el principio pro-persona.
El delito que se le imputa al acusado debe ser reclasificado. Claramente estamos ante un caso de trata con fines de explotación sexual -ya que existió el pago en especie (despensas y otros artículos entregados por el imputado y recibidos por los supuestos padres) para tener acceso a las niñas-, así como de turismo sexual infantil, ambos contemplados en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos. Tales delitos deben ser agravados tanto para los supuestos padres como para el perpetrador.
No esperamos nada menos por parte del juez que su compromiso irrenunciable con el respeto a la ley, y con la garantía de la no repetición a favor de estas niñas en estado de vulnerabilidad. Para ello, consideramos de suma importancia la acreditación absoluta de quienes se ostentan como padres. De no hacerlo, las niñas se encontrarían en grave riesgo.
Asimismo, solicitamos la intervención inmediata de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el cese de amenazas contra la persona
denunciante de los hechos.
Más aún, exigimos a las autoridades del estado de Guerrero políticas públicas efectivas para la prevención del turismo sexual infantil, toda vez que Acapulco se ha convertido en la ciudad con más alta incidencia de este delito en el país, ya que por lo menos 2 mil niñas, niños y adolescentes son explotados sexualmente para cubrir la demanda de turistas nacionales y extranjeros.
