CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones que defienden los Derechos Humanos en México han recibidos millones de pesos en los últimos años en la defensa de las víctimas, irónicamente dinero que no ha llegado a las mismas en su totalidad.
Martín Alonso, de letraroja, dio a conocer una red de corrupción en el interior de dichos organizaciones.
«En nuestro país los delincuentes tienen más privilegios para defender sus Derechos Humanos que las víctimas del delito. Durante los últimos años se ha creado una suerte de red con la que se llevan a cabo defensas internacionales de criminales contra el Estado para obtener beneficios económicos.
«En la mayoría de los casos argumentan tortura o violación a los Derechos Humanos para pedir una indemnización a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De hecho se sabe que a las víctimas del sistema, los que acusan daños, tortura y violencia contra sus Derechos Humanos, les han pagado casi 30 millones de pesos», reveló Alonso.
Curiosamente, de esos 30 millones a las víctimas del delito solamente se le dio según registros 628 mil 108.87 pesos.
«Aunque esto sólo es para gastos funerarios y vuelos de sus estados de origen para asistir a las instancias requerida en la Ciudad de México», acotó.
En los últimos años, tan sólo la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. ha cobrado cerca de 75 millones de pesos.
Por el caso Rosendo Radilla, 25 millones de pesos, por daños a una mujer que traía 5 kilogramos de mariguana, más de 4 millones de pesos.
La recomendación de la CNDH 87/2011 dice que les pagaron casi 17 millones de pesos (16, 921,738.82) del Fondo para Reparación a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por la defensa de 25 personas. Y por el caso Alfonso Martín del Campo esperan un pago de más de 25 millones de pesos.
Los “defensores” buscan casos emblemáticos contra el gobierno, donde haya supuesta tortura y supuesta violación a los Derechos Humanos para después pedir una reparación de daños que se paga del Fondo para Reparación a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
«Para cobrar ese dinero, piden a ONG´s que presionen en medios de comunicación.
«Por otro lado, piden a las Comisiones de Derechos Humanos y Organismos Internacionales que hagan una recomendación al Estado mexicano y con esto, se pide una suma de dinero que la mayoría de las veces se mide en millones de pesos.
«En la mayoría de los casos hacen un contrato cuota litis, donde sólo la ONG que defiende y el defendido saben cómo se repartirá la suma que obtengan con dinero del gobierno. Nadie los puede obligar a ser transparentes aún cuando son una sociedad civil sin fines de lucro y no deberían recibir dinero por ayudar», apuntó.
Alonso dio a conocer que en esa red están Mariclare Acosta que trabajó en CEJIL,CMDPDH, SER y CNDH; Emilo Álvarez Icaza, en CIDH, CDHDF e I(DH)EAS; Juan Carlos Gutiérrez, en CEJIL, CMDPDH, SER, I(DH)EAS y CNDH; Alejandra Nuño, en CEJIL, CMDPDH y CDHDF; José Antonio Guevara, CEJIL, CMDPDH, SER y CDHDF; Juan Méndez, en CEJIL y CIDH; Sergio Méndez, en CMDPDH y SCJN; Karla Quinta, en CIDH y SCJN; Miguel Sarre, en CNDH y SCJN; Javier Mijangos, en la SCJN; Pilar Noriega, en la CDHDF, Fernando Coronado, en la CDHDF; Luis González Placencia, en CDHDF y Mario
Patrón, en CDHDF y Centro Prodi, este último es el que defiende a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.