Familiares de internos en el penal estatal Sergio García Ramírez, conocido como de Chiconautla, denunciaron que desde hace meses, internos que ya debería estar libres no han podido salir debido a que no hay brazaletes electrónicos, a pesar de que los mismos reos o sus familiares ya realizaron el pago correspondientes para que obtengan su libertad antes de las fiestas navideñas.

Aseguraron que en los juzgados del penal, con una multa de mil 500 pesos, los detenidos deberían de salir previa colocación gratuita del brazalete para aquellos que no tienen dinero, sin embargo, denuncian que ahora «existe un mercado negro entre autoridades que venden el dispositivo hasta en 20 mil pesos y quien no reúna esa cantidad no puede abandonar el pena.

De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo reo cuyo delito cometido no sea grave y tenga el suficiente dinero para pagar el brazalete electrónico, puede obtener su libertad anticipada y no deberán hacer fila como otros presos que aguardan para que el Estado les entregue un sistema electrónico de monitoreo para abandonar la prisión.

Durante una sesión del pleno a principios de año, la corte resolvió por mayoría de votos, que algunos reos lograrán el beneficio de sustitución de pena siempre y cuando comprueben que son los únicos que pueden velar por la protección de sus hijos menores de 12 años de edad, que tengan alguna discapacidad.

A propuesta del ministro Arturo Zaldívar, el máximo tribunal del país discutió una acción de inconstitucionalidad, promovida por la CNDH, en contra de diversos artículos de la Ley Nacional de Ejecución Pena.

Entre los requisitos para ser acreedor a este beneficio está ser un primer delincuente; es decir, sea su primer delito; no tener antecedentes penales y que el delito no sea de impacto social grave.

Los brazaletes electrónicos permiten a la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantener monitoreados a los reos, al tiempo que se facilita su reinserción en la sociedad.