Policiaca

Por el delito de homicidio pasarán 55 años en la cárcel

Estos sujetos deberán pagar una multa de 2 mil 850 días de salario mínimo así como 2 mil 190 días de salario mínimo como reparación del daño

TOLUCA, EdoMéx.- César Escobar Pérez, Emmanuel Sánchez González y Misael Sánchez González, recibieron una sentencia de 55 años de prisión por el delito de homicidio, luego de que el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la participación de estos tres sujetos en el asesinato de un líder antorchista en el Estado de México, por lo que la Autoridad Judicial con sede en Ixtlahuaca, determinó la sentencia condenatoria.

Así lo dio a conocer la FGJEM, e indicó que los datos de prueba recabados y aportados por esta Representación Social fueron determinantes para que un Juez condenara a César Escobar Pérez, Emmanuel Sánchez González y Misael Sánchez González, por el homicidio de un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el municipio de Jocotitlán.

Dijo que, de acuerdo con las indagatorias realizadas por personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, se pudo establecer que el día 8 de mayo del año 2016, la víctima acudió a la carretera a San Pedro de los Baños, en el Barrio San Joaquín, en el municipio de Jocotitltán, donde se vería con una persona, sin embargo ésta y los ahora sentenciados habían planeado secuestrarlo.

Precisó que la víctima arribó al lugar en donde fue sorprendido por varios sujetos, entre ellos los tres condenados, quienes intentaron someterlo, pero pretendió huir y subir a su camioneta por lo que uno de estos sujetos le disparó con un arma de fuego, y murió en el lugar.

Por este homicidio fue iniciada la carpeta de investigación respectiva y Agentes de Investigación se encargaron de realizar diversas diligencias que derivaron en la detención de estos tres sujetos, los cuales posteriormente fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ixtlahuaca, en donde quedaron a disposición de un Juez, para que fuera determinada su situación legal.

Además de la pena privativa de libertad, estos sujetos deberán pagar una multa de 2 mil 850 días de salario mínimo, así como 2 mil 190 días de salario mínimo como reparación del daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.

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