Las personas en movilidad que ingresan al país sin acceder a una forma de regularización migratoria enfrentan la estigmatización y criminalización
La criminalización a defensores de migrantes no es un fenómeno particular de nuestro país, en la medida en que las políticas migratorias se recrudecen el trabajo de defensa se criminaliza. Los riesgos a los que se enfrentan son, por un lado, las amenazas del crimen organizado y por el otro, porque corren el peligro de enfrentar acusaciones por cometer delitos graves como trata y tráfico de personas.
Así lo señala el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México·Tijuana (Prami), y agregó que hay muchos ejemplos alrededor del mundo: en Estados Unidos, Scott Warren fue criminalizado por dejar agua y dar techo a cientos de personas en el desierto de Arizona, sus cargos son por «albergar» inmigrantes indocumentados; en Marruecos, la española Helena Maleno llevó un proceso desgastante en el que se enfrentó a la posibilidad de recibir una condena de cadena perpetua, su labor ha sido llamar a autoridades para dar aviso de pateras con dificultades cuando cruzan por el estrecho de Gibraltar; en Italia, la capitana alemana Pia Klemp y otros miembros de su tripulación que han rescatado a miles de migrantes de morir ahogados en el mar Mediterráneo, enfrentan un juicio por 20 años de prisión por «ayudar a la entrada ilegal de migrantes».
Indicó que, frente al contexto mexicano actual, en donde la criminalización de la solidaridad va e aumento, la apuesta institucional del Prami es por la defensa del derecho a defender derechos y no criminalización de la población migrante y quienes les acompañan. «En este sentido celebramos la reciente liberación de Cristóbal Sánchez e Irineo Mújica. La exigencia para que se les garantice un debido proceso, la presunción de inocencia y que el juicio se llevara a cabo con respeto a los derechos humanos y con todas las garantías procesales, es una demanda de varias organizaciones de la sociedad civil con las que el Prami colaboró».
Detalla que el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México·Tijuana (Prami), «nos dedicamos, entre otras cosas, al acompañamiento a albergues y defensores de personas migrantes. Existe una relación consolidada con diversos albergues, organizaciones y defensores de personas en situación de movilidad que respaldan y validan el trabajo de la universidad en el tema migratorio. Nuestra forma de trabajar es a través de la vinculación y ninguna de las acciones que realizamos es de forma individual, siempre le apostamos a la construcción de procesos colectivos».
En este sentido, el Prami ha hecho una apuesta por colaborar en el fortalecimiento a albergues y defensores que se han visto en una situación de riesgo por su trabajo de defensa. Las personas en movilidad que ingresan al país sin acceder a una forma de regularización migratoria enfrentan la estigmatización y criminalización. Consideramos que estas condiciones de vulnerabilidad incrementan cuando se criminaliza a quienes les defienden y acompañan.
«Observamos con preocupación que el discurso de criminalización abona a la polarización de la opinión pública y deja en mayor vulnerabilidad a las personas migrantes. Hacemos un llamado a las autoridades del Estado y la sociedad en general a la no criminalización y estigmatización de los defensores de personas en movilidad».
