Estos ataques forman parte de un amplio esfuerzo gubernamental transnacional para frenar la migración de personas
De acuerdo con una investigación realizada entre abril y agosto de 2019, los defensores de derechos de las personas migrantes, quienes protegen a familias migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y otros a lo largo de las rutas migrantes que van desde Honduras hasta Estados Unidos, enfrentan graves amenazas por parte de actores estatales y privado.
En base a esta investigación el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México-Tijuana, LIS-Justicia en Movimiento, Red TDT y Front Line Defenders realizó un informe bajo el nombre «Defensores sin muros: Personas defensoras de derechos humanos criminalizadas en Centroamérica, México y Estados Unidos».
Esta investigación encontró que los defensores de derechos humanos que trabajan con personas migrantes enfrentan criminalización, agresiones, arrestos, deportaciones, detenciones, interrogatorios, intimidación, son vigilados de forma digital y son hostigados por realizar labores humanitarias y de acompañamiento en las rutas migratorias de la región.
Dicho ataques forman parte de un amplio esfuerzo gubernamental transnacional para frenar la migración de personas que huyen de la violencia y persecución tras décadas de guerra, pobreza, violencia de género, megaproyectos de desarrollo que invaden territorios indígenas, efectos de cambio climático, amenazas y extorsiones por parte de pandillas, inestabilidad política, corrupción, impunidad y violencia estatal por parte de gobiernos oligárquicos que históricamente han sido apoyados por las intervenciones militares de Estados Unidos en Centroamérica.
Para este informe, los organismo involucrados entrevistaron a 21 personas defensoras de derechos humanos de personas migrantes, albergues y casas de migrantes en 10 ciudades de ambos lados de la frontera México-Estados Unidos; además de 10 defensores que trabajan con personas migrantes en tránsito por las rutas México, Honduras, Guatemala y El Salvador.
Foto: Archivo
