No hay un solo caso, desde que inició esta administración, que se haya resuelto, todos los acusados de corruptos siguen en sus cargos y gozando los privilegios de éste.
El 24 de octubre de 2019, durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros afirmó que en este Gobierno se acabó la simulación en el combate a la impunidad y enfatizó que la corrupción es la peor herencia de las últimas décadas, «del neoliberalismo».
Desgraciadamente solo son palabras porque en los hechos, tanto la impunidad como la corrupción están más vivas que nunca basta recordar la «investigación» que realizó a las innumerables casas y negocios que posee Manuel Bartlett y cuyo resultado fue que los había obtenido antes de 2018, así que, para ella, no había nada fuera de la ley.
Posteriormente, anunció que investigaba varias denuncias contra Ana Gabriela Guevara, una de ellas por el desvío de 50 millones de pesos de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), de la que la excorredora es titular. Aquí el resultado fue que, en efecto, Guevara había desviado ese dinero, pero hasta el momento no ha pasado nada y a la titular de Conade se le acumulan las denuncias, la más reciente por extorsión en el otorgamiento de una licitación.
Previo a estos dos casos, tuvo en sus manos el de Carlos Lomelí, ahora es delegado del gobierno federal en Guadalajara, a quien se le acusó de usar su cercanía con el presidente y su cargo, para ganar licitaciones en la venta de medicamentos. Lo único que hicieron fue sacar de circulación a Lomelí y dejar en su lugar a un hombre de confianza del exdelegado. O sea, la misma gata pero revolcada.
En esa comparecencia, Sandoval Ballesteros dijo, muy segura, que el primer gran paso es que en el Gobierno de México «la corrupción ya no se tolera». Y justo en lo más crítico de la pandemia por COVID-19, se da a conocer el negociazo que hizo el hijo de Manuel Bartlett, si, el mismo al que López Obrador acusaba de haber ayudado a Carlos Salinas de Gortari a robarle la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas.
Pues el vástago de Bartlett aprovechó los contactos de papá y colocó un pedido grande de ventiladores, a sobreprecio. Este asunto le pasó de noche a la secretaria de la Función Pública y hasta el momento ni pío han dicho si el dinero que pagaron por esos aparatos que, por cierto, estaban en malas condiciones, fue restituido a las arcas.
Las cosas, desafortunadamente, no quedan ahí, hace unos días se dio a conocer que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, otorgó millonarios contratos a amigos y compadres que cinco meses antes de obtener estos jugosos negocios, habían montado empresitas con capital mínimo y nula experiencia en la materia. De este asunto Sandoval Ballesteros no se ha pronunciado pues, curiosamente, desde que anunció que se infectó de COVID-19 anda muy desaparecida y parece que la Secretaría de la Función Pública está paralizada.
Tan paralizada está la Función Pública que ahora que el periodistas Carlos Loret de Mola dio a conocer los numerosos contratos millonarios que el titular del Instituto del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo y su familia han obtenido con las diversas empresas que poseen, y del contrato que él otorgó a su hermano, tanto la titular como la dependencia que dirige, han permanecido mudos.
En la comparecencia de 2019, Irma Sandoval aseguró que a esa fecha, habían impuesto tres mil sanciones a servidores públicos, entre las que destacaban 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas, mientras que en el ámbito privado, dijo, se habían aplicado 187 sanciones y multas por más de mil 400 millones de pesos a licitantes, proveedores y contratistas que cayeron en irregularidades en los procesos de compra o contratación. Dinero que en ningún momento explicó qué destino tuvo.
Aseguró que la Función Pública ejecuta un plan de acción basado en cinco ejes, que comienzan con la austeridad republicana que, «contrario a la austeridad neoliberal», acaba con los derroches en el gobierno, privilegia el gasto sustantivo y libera recursos para promover la justicia social y aumentar la inversión gubernamental.
Y anunció que un primer ahorro se dio con la reducción de ingresos en los altos mandos del Gobierno federal en el que se fijó un tabulador con disminuciones de entre 12 y 47%.
Destacó que al mes de octubre de 2019, se habían eliminado en toda la APF más de 8 mil 800 planzas de mando y enlace. Aunque en este punto no informó que la nómina de varias dependencias para nada se adelgazó sino que las plazas que desocupó el personal que despidieron, las llenaron con familiares de varios funcionarios de MORENA.
De acuerdo a Sandoval Ballesteros, esta eliminación de plazas significó un ahorro de casi 5 mil millones de pesos. Dinero que tampoco informó qué destino tuvo, lo cierto es que al sector salud no fueron a parar pues hasta el momento la falta de medicamentos para niños y adultos con cáncer, está presente. Y qué decir de todo el personal médico que ha muerto contagiado de COVID-19, debido a que el Gobierno federal no adquirió los equipos e insumos necesarios para que los profesionales de la salud enfrentaran al enemigo.
Y así transcurre la administración de los que llegaron pregonando que «harían historia».
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