Persisten barreras para hacer efectivo el derecho a la ciudad, que implica el derecho a participar y a habitar en urbes inclusivas, con servicios de calidad para todos
Las ciudades, en América Latina, se han expandido de manera significativa en las periferias, donde millones de viviendas se han edificado bajo una política económica que privilegia criterios financieros y no sociales, afirmó Alicia Ziccardi, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Explicó que, en consecuencia, la gente reside en inmuebles pequeños y desperdician horas de su vida en los traslados a sus centros laborales o escuelas; además, los altos costos del transporte y servicios básicos afectan el presupuesto familiar.
Resaltó que otro factor en contra es que los espacios públicos y equipamientos no son acordes a las necesidades de niños, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.
Expuso que las periferias, donde el suelo es barato, se han destinado a atender las demandas de los sectores de menores ingresos; ahí se producen viviendas «sin ciudad»: muy distantes de la estructura urbana. «Pero no han sido edificadas bajo una política social, sino económica, que privilegia criterios financieros para que los desarrolladores obtengan mayores ganancias».
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