Exigimos a las autoridades que se produzcan cambios de fondo en las realidades que aquejan a la sociedad y dejen de implementar medidas de simulación.
La Ley de Registro Público de Agresores Sexuales no resuelve de fondo la violencia sexual y promueve la estigmatización y el odio, asegura Reinserta. «Resaltamos la importancia de priorizar el resarcimiento del daño y garantizar la efectiva justicia a las víctimas; así como la necesidad de construir políticas públicas encaminadas a la justicia restaurativa y a la reinserción social, en lugar de medidas que promueven el odio social y no representan una solución de fondo a la problemática».
El pasado 10 de marzo, con 55 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de Registro de Agresores Sexuales, «de acuerdo a la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México en ese entonces, Rosa Icela Rodrígues, la iniciativa de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, esta ley surge como respuesta al clamor social de detener este tipo de delitos, por lo que los responsables ya juzgados y condenados, integrarán un catálogo electrónico con su identidad.
Este registro, que es público, contiene la fotografía, el nombre, edad y tipo de delito por el que la persona fue acusada y condenada, con la intención de acabar con la violencia sexual, sobre todo contra mujeres».
Destacó que en México permea una cifra negra de delitos del 98%, «las personas victimas de un delito no denuncian por la desconfianza en las autoridades y, en delitos relacionados con violencia sexual, la revictimización es una constante, así como la deficiente actuación de las fiscalías y las policías de investigación para la obtención de pruebas materiales y co base científica que permitan garantizar juicios justos.
Partiendo del contexto referido, ¿En qué abona la creación de un registro público de agresores sexuales? Las agresiones sexuales surgen en contextos distintos, no obstante, el nivel de daño que se genera en las víctimas es profundo y complejo. Para atender esta problemática es necesaria una estrategia integral y transversal de prevención, tendiente a erradicar la violencia de género y las construcciones sociales machistas desde edades tempranas y desde el seno de la familia.
También resulta esencial una visión integral de perspectiva de género entre las autoridades encargadas de impartir justicia, así como desarrollar capacidades de investigación y eficientar las funciones de las fiscalías y policías en este tipo de delitos; evitando a toda costa la revictimización y promoviendo la confianza en las autoridades. Así, resulta claro que una base de datos de agresores sexuales no suma en la consecución de cambios esenciales y deviene en una medida de simulación ante el reclamo social.
Por otra parte, el registro aprobado constituye una condena de por vida, pues no obstante se cumpla con una sanción penal, prevalecerá un registro que estigmatizará a la persona condenada y a sus personas cercanas; materialmente estamos ante una pena inusitada y trascedente al circulo familiar del acusado por un delito sexual. Esta situación impedirá cualquier posibilidad de éxito en un proceso de reinserción social, aumentando la marginación y odio social; pero lo más importante no repara en nada el daño causado a la víctima.
En años recientes las medidas punitivas y de venganza social han resultado populares en al ámbito político, pues amainan el enojo y frustración social ante los altos índices de inseguridad; aumento excesivo de penas, utilización abusiva de la prisión preventiva o el registro propuesto, son una muestra. Estas medidas son por demás obsoletas, pues las condiciones de seguridad en México no mejoran en lo absoluto a pesar de ellas.
Es momento, como sociedad, de elevar el nivel de exigencia a las autoridades, de ser críticos y cambiar el enfoque punitivo y victimizante, apostando por la prevención, por mecanismos de reconstrucción de tejido social, de verdadera reparación del daño y eficaz reinserción.
Exigimos a las autoridades que se produzcan cambios de fondo en las realidades que aquejan a la sociedad y dejen de implementar medidas de simulación ante el enojo social por el tema apremiante del momento», concluyó Reinserta.
Foto: Archivo (Ilustrativa)
