Es necesario contar con una certificación en capacitación por parte de la Secretaría de Gobernación, para una NOM para quien o quienes reciban este tipo de denuncias.
Es urgente e importante transformar y capacitar a las fiscalías locales en materia de personas desaparecidas, ya que durante el año 2019 las autoridades de procuración de justicia cometieron violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica en sus modalidades de dilación en la procuración de justicia e irregularidades en la integración de carpetas de investigación.
Así se pronunció la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), y detalló que en muchos casos no desahogaron a la brevedad las diligencias y no brindaron información a los familiares, no instruyeron de manera adecuada a los investigadores para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.
Dijo que, lamentablemente resulta claro que existió omisión en la procuración de justicia y acceso a la verdad, por lo que considera necesario que la Secretaría de Gobernación tome cartas serias en este asunto, para que pueda solventar a la brevedad posible, todas las irregularidades que desgraciadamente existen en el país.
Enfatizó que, «no podemos dejar por alto que la procuración de justicia en el tema de personas desaparecidas siga generando dilación en las procuradurías locales, por lo que es necesario contar con una certificación en capacitación por parte de la Secretaría de Gobernación, generando una Norma Oficial Mexicana (NOM), para quien o quienes reciban este tipo de denuncias puedan trabajar a la brevedad con protocolos internacionales que garanticen el actuar de estas fiscalías, respetando en todo momento los derechos humanos.
La CIDHPDA exhorta al Gobierno federal, para que pueda trabajar en una aplicación tecnológica a través de móviles, con el fin de que dicha aplicación oriente a la población para saber qué hacer en caso de que caiga en esta desgracia, conozcan paso a paso el procedimiento, la ubicación de las fiscalías especializadas, con quién dirigirse, los teléfonos de emergencia, WhatsApp, correo electrónico, entre otros.
Además, dijo, contar con ayuda psicológica y garantizar los derechos humanos que se encuentran consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 25 del pacto de San José de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que a la letra dice: “Artículo 25. Protección Judicial: Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.
Finalizó al señalar que, esta cuarta transformación en materia de desaparición forzada tiene un trabajo titánico, «es necesario que se formalicen alianzas entre las fiscalías locales y la Secretaría de Gobernación, esto le permitirá conocer al Gobierno federal qué personas están atendiendo estas denuncias y qué tipo de capacitación se debe proporcionar en los Estados que son más recurrentes».
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