Internacional

De la esperanza al escepticismo: La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES)

No está claro cómo y en qué medida la CICIES contribuirá a modificar el actual panorama de corrupción e impunidad en El Salvador.

El 1 de abril de 2020, hace un año, mientras el número de caos de COVID-19 en El Salvador ascendía a al menos 32, el Congreso salvadoreño aprobaba un préstamo de dos mil millones de dólares para que el gobierno combatiera la pandemia.

Dado que estos fondos se otorgaron durante un estado de emergencia, el poder Ejecutivo tiene más discrecionalidad sobre cómo se gasta el dinero, de lo que tendría en condiciones ordinarias.

Por lo anterior, tanto la prensa como la sociedad civil monitorean el uso de esos fondos, sin embargo, el aumento de los poderes otorgados al Ejecutivo, y las mayores restricciones para obtener información en la crisis actual, dificultan la rendición de cuentas y es por eso que ahora, más que nunca, El Salvador debe tener mecanismos efectivos de lucha contra la corrupción.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), establecida en 2019, debería estar desempeñando un papel visible y vigilante en este momento; en este artículo la Fundación del debido proceso legal (DPLF por sus siglas en inglés) describe algunas de las principales preocupaciones sobre CICIES, su formación y su estado actual.

CRONOGRAMA

1 de junio, 2019 – Nayib Bukele asume el cargo de Presidente de la Repúblic de El Salvador.
6 de septiembre, 2019 – El gobierno del presidente Bukele firma una Carta de Intención con la Organización de Estados Americanos (OEA) para crear un grupo técnico a cargo de establecer la CICIES y definir su mandato dentro de los tres meses siguientes.
20 de septiembre, 2019 – El gobierno de El Salvador, representado por la ministra de Relaciones Exteriores Alexandra Hill Tinoco, y la OEA, representada por el Secretario General Luis Almagro, firman un Acuerdo de Cooperación para llevar a cabo trabajos de avance conjunto para la instalación de la CICIES.
24 de septiembre, 2019 – La OEA nombra a Ronalth Ochaeta como portavoz de la CICIES, cuya función es establecer relaciones tanto con el Poder Judicial y con la Fiscalía General.
4 de noviembre, 2019 – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) envía al presidente Bukele una propuesta de directrices para la creación de la CICIES.
26 de noviembre, 2019 – El gobierno de El Salvador firma un Acuerdo Marco con la OEA para establecer la CICIES, basado en la Carta de Intención del 6 de septiembre y el Acuerdo de Cooperación del 20 de septiembre, sin tomar en cuenta la propuesta de la ONU.
La creación de una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción para El Salvador fue uno de los ofrecimientos más publicitados de la campaña electoral de Nayib Bukele. Aprovechando el contexto de extrema desigualdad, inseguridad e impunidad que han caracterizado a El Salvador durante mucho tiempo, durante su candidatura presidencial Bukele subrayó la idea de que una comisión con apoyo internacional para combatir la corrupción y la impunidad era necesaria para modificar el status quo de la clase política y traer una nueva era para el país.
Si bien la CICIES existe en papel y en las redes sociales, está lejos de ser una oficina que funcione, y mucho menos de cumplir con su mandato de abordar las causas y manifestaciones de la impunidad, a través de investigaciones serias y procesos de rendición de cuentas. Esta inercia parece obedecer a la falta de voluntad política por parte de la administración de Bukele o quizás a intereses particulares que desconocemos. La casi nula transparencia sobre la CICIES es desconcertante y amerita más análisis y monitoreo.
No está claro cómo y en qué medida la CICIES contribuirá a modificar el actual panorama de corrupción e impunidad en El Salvador. Por ahora es evidente que mientras las principales preocupaciones en esas temáticas sigan sin abordarse, la CICIES será un gesto político vacío y, en el peor de los casos, será un medio para obstaculizar la posibilidad de establecer responsabilidades reales de quienes se han lucrado de estas prácticas.
Foto: Archivo (Ilustrativa)
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