México

El Estado Mexicano ha ido desarticulando y desmantelando los Tribunales Agrarios: DPLF

Desempeñan una función jurisdiccional indispensable para resolver la conflictividad agraria, comunal y territorial en México.

Los Tribunales Agrarios en México, creados mediante reforma constitucional en 1992, son tribunales especializados que desempeñan una función jurisdiccional indispensable para resolver la conflictividad agraria, comunal y territorial en México. Sin embargo, en los últimos años, el Estado mexicano ha ido desarticulando y desmantelando estos órganos hasta dejarlos en una situación de grave crisis institucional y financiera. Esta crisis impone serias limitaciones al acceso a una justicia pronta, expedita e imparcial y a un recurso efectivo para comunidades indígenas y campesinas.

Lo anterior son las conclusiones del Informe sobre los Tribunales Agrarios en México, realizado por la Due Process of Law Foundation (DPLF) (Fundación para el Debido Proceso), luego de que, frente al escaso material de análisis en torno a la situación que atraviesan los tribunales agrarios, DPLF decidió realizar una investigación para situar la problemática y plantear recomendaciones.

La investigación se apoya en entrevistas con magistrados de los tribunales agrarios de distintos distritos, así como con litigantes especializados en la materia y representantes de organizaciones sociales, además de información obtenida a través del sistema de acceso a la información pública gubernamental.

Para DPLF no pasa desapercibido que, si bien los tribunales agrarios han sido fundamentales para la resolución de la conflictividad territorial, su labor ha sido insuficiente sobre todo frente a los reclamos de los pueblos indígenas. La labor de los Tribunales Agrarios debe reformarse para hacer de estos órganos verdaderos garantes de los derechos al territorio, la autonomía y la libre determinación, y saldar un aparte de la deuda que el Estado mexicano tiene con los pueblos indígenas.

El Informe propone abrir la discusión en los espacios de los poderes ejecutivo y legislativo, a fin de rescatar y mejorar la labor de los Tribunales Agrarios.

Foto: Archivo

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