Vuelven salir más novedades respecto al motivo de prisión de los dos funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Alfonso Siriako Guillén Almaguer y Froylán Pedraza Bouchán, en la administración de José Antonio Gali Fayad, quienes autorizaron el pago de más de 107 millones de pesos a personas y empresas distintas a las que obtuvieron los contratos por obras complementarias en el Centro Expositor de Puebla.
El 14 de mayo de 2021, fueron detenidos el ex coordinador jurídico y magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Alfonso Siriako Guillén, y el exencargado de Despacho de la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Infraestructura y exfuncionario administrativo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, Froylán Pedraza Bouchán.
Los corruptos permanecen recluidos en el penal de San Miguel en Puebla, donde han realizado todo tipo de acciones y han promovido recursos legales para su liberación pero, hasta el momento, nada ha funcionados.
Además, otros cinco ex funcionarios de la Secretaría de Infraestructura se encuentran prófugos de la justicia; entre ellos figuran la que era secretaria de la dependencia Martha Vélez Xaxalpa, y el subsecretario Francisco Xabier Albizuri Morett, así como Francisco Javier Nava García, José Salvador Gómez Arredondo y Diego González Cobián Ballvé. Dos de ellos huyeron del país y se esconden en Europa.
Una de las más escandalosas novedades, es que entre las empresas de fachada y particulares que habrían sido usados para esta prolífica tranza, se encuentran en primer lugar la Constructora García Chargoy y Asociados SA de CV, después le sigue Constructora TORRHNOS SA de CV, Impulsora de Obras Viales SA de CV, Constructora TALTEKIT SA de CV, Ricardo Tovar Eliosa, Gunder S de RL de CV, y Liceaga & Sons Company SA de CV.
También, el ex presidente de la Delegación Puebla de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), José Antonio Hernández González, promovió un amparo, el 531/2021, pero que por la gravedad de los delitos un juez federal se lo negó, y que lo mismo ocurrió con Eduardo Liceaga García, empresario y apoderado de las empresas asociadas a la titular del contrato, Instalación Inmobiliaria SA de CV.
Asimismo, se sabe que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una investigación a Eduardo Liceaga, quien en lugar de entregar el dinero que recibió de la Secretaría de Infraestructura para la empresa Central de Construcciones y Asociados SA de CV, y apoderados representantes legales José Antonio Hernández y José Alberto Vázquez Matamoros, lo trianguló a diversas firmas sin ninguna relación con los labores efectuados en el Centro Expositor.
La acusación radica en que se lavó el dinero recibido, más de 107 millones de pesos, y para que éste regresara “limpio” a ciertos servidores involucrados en este desvío de recursos públicos, por el que se iniciaron procesos penales por los delitos de abuso de autoridad, fraude, asociación delictuosa, peculado y tráfico de influencias.
