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ISSSPEG denunció a la morenista Adela Román por desvío de más de 600 mdp

La alcaldesa de Acapulco, por MORENA, no solo desvió dinero de los trabajadores, también del DIF municipal y debe a CAPAMA.

¿Cuántos casos más como el de Delfina Gómez? No los conocemos todos aún, pero van saliendo poco a poco. Ahora toca el turno a Adela Román Ocampo, exalcaldesa de Acapulco por el partido en el poder MORENA, quien ha sido denunciada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de peculado por el desvío de 603 millones de pesos; pero no es la única, varios funcionarios de su administración la acompañan con sendas denuncias.

De acuerdo con la denuncia penal radicada en la FGE en la carpeta de investigación número 12022200100027191120, Adela Román Ocampo desvió 603 millones de pesos de las cuotas de trabajadores del ayuntamiento no pagadas al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), presentada por su director general, Jesús Urióstegui Alarcón.

La alcaldesa Román Ocampo, y funcionarios de su administración fueron denunciados como probables imputados por los delitos de Ejercicio Ilícito del Servicio Público, Desempeño Irregular de la Función Pública, Peculado y lo que resulte, cometido en agravio del ISSSPEG durante el trienio de su gobierno municipal 2018-2021. La denuncia incluye al síndico administrativo, al secretario de Finanzas, y a otros, de acuerdo a la carpeta iniciada el pasado 17 de agosto ante la FGE.

Resulta que, de acuerdo a la denuncia que cubre la totalidad de los adeudos de la administración de Adela Román con el ISSSPEG, la morenista no pagó las aportaciones como patrón y, sobre todo, por haber desviado indebidamente el dinero de las cuotas descontadas a los trabajadores del ayuntamiento de sus pagos de salarios quincenales, por un total de 302 millones 427 mil 774 pesos, acumulados al 31 de julio pasado.

A los 302 millones que debe Adela, deben sumarse otros 285 millones 37 mil 61 pesos que debe el organismo administrador del agua potable en el puerto, CAPAMA –del que la señora Román preside el Consejo de Administración-; más otros 16 millones 256 mil 252 pesos del DIF Acapulco, que presidió la sobrina de la alcalde, Adriana Román, sumando todo 603 millones de pesos, cantidad que incluye tanto los adeudos como el dinero desviado de las cuotas de los empleados, más los intereses acumulados por la desatención del gobierno municipal en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales…

Hasta el momento no se conocer el destino de ese dinero, toda vez que Román Ocampo realizó destituciones de funcionarios como una forma de desviar la atención. Poco antes de que el ISSSPEG presentara la denuncia penal, había presentado denuncia ante la Contraloría municipal, en cuyo desahogo la alcaldesa evadió aclarar qué hizo con los recursos y destituyó al contralor Francisco Torres Valdés para evitar que el asunto le afectara, debido a que la exsecretaria de Finanzas, Soraya Benítez Radilla había sido sancionada con la inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos, utilizando como chivo expiatorio por omitir el pago de 75 millones de pesos al ISSSPEG, cuando ya había renunciado al cargo.  

La denuncia presentada ante la FGE es entendida como un proceso resarcitorio personal, que hace patente la responsabilidad penal de Adela Román y de sus funcionarios del área financiera municipal, que no termina al momento de dejar sus cargos ni se traslada al subsiguiente gobierno que encabezará Abelina López Rodríguez. El procedimiento penal seguirá con Adela, aun cuando la deuda propiamente dicha sí la heredará el nuevo ayuntamiento que iniciará sus funciones el próximo 30 de septiembre.

A pesar de que los morenistas argumenten que es una persecución política o muchas de esas cosas que acostumbran decir cuando les caen en sus corruptelas, los procedimientos jurídicos iniciados por el director general del ISSSPEG no responden a ningún afán persecutorio de ese organismo ni de su titular, y menos del gobierno estatal priista que está a punto de terminar. Es una obligación que marca la ley para casos como el de Adela Román, pues si no se procediera legalmente en su contra, la responsabilidad sería de Urióstegui y de otros funcionarios por un presunto incumplimiento de sus tareas de cobranza.

Además, la falta de pago por parte del ayuntamiento de Acapulco, que se suma a los incumplimientos de por lo menos otros 20 gobiernos municipales –como Chilpancingo, por casi 230 millones de pesos-, suma poco más de 911 millones de pesos, lo que afecta seriamente no sólo al equilibrio financiero del ISSSPEG, sino a las pensiones y prestaciones de 5 mil 518 jubilados, así como los derechos de miles de trabajadores en activo que cotizan por nómina a ese organismo.

Los pasivos que enfrenta esa institución ha llevado a continuos retrasos en el pago de pensiones, al otorgamiento de créditos personales, al pago de seguros de jubilación, vejez, invalidez, riesgos de trabajo o por fallecimiento trámite mismo de las jubilaciones, indemnizaciones, pago de marcha o el estímulo a la permanencia.

De tal forma que para evitar que se afecte a trabajadores y pensionados, el gobierno estatal priísta ha hecho aportaciones extraordinarias en los últimos años por unos mil millones de pesos, para garantizar que el servicio se siga prestando.

Sin embargo, los trabajadores afectados consideran que ya es hora de que alcaldes sinvergüenzas como Adela Román, de Acapulco, o Antonio Gaspar, de Chilpancingo, sean llevados a juicio y no se salgan con la suya, desapareciendo un dinero que es de los trabajadores del servicio público.

Lo curioso es que, violando la ley y abusando de sus empleados, enfrentando incluso un proceso penal ante la FGE en su contra por administración fraudulenta, Adela Román Ocampo pretende que el senador Félix Salgado Macedonio la convierta en la próxima presidenta del Tribunal Superior de Justicia y de la Judicatura Federal.

Con información de Jorge Romero Rendón

En la foto: Adela Roma Ocampo

Foto: Archivo (Ilustrativa)

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