Claudia Ruiz Massieu, Jorge Carlos Ramírez Marín y Mayuli Latifa Martínez Simón, hablaron de la cruda realidad que vive México.
Este miércoles, se realizó el análisis del III Informe de Gobierno del presidente López Obrador, en materia de Política Interior, en sesión ordinaria, y mientras los senadores de MORENA y sus aliados se deshacían en halagos y ponderaban los “logros” de la actual administración, la oposición (PRI y PAN) sacó la casta y llamó a las cosas por su nombre.
A continuación, reproducimos íntegros los posicionamientos de la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, del PAN, Mayuli Latifa Martínez Simón, y el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín:
Claudia Ruiz Massieu
Gracias presidenta.
Honorable Asamblea.
El propósito fundamental de la política interior es garantizar la gobernabilidad, la estabilidad y la paz pública de la nación mexicana.
En ese sentido, la conducción de la política interior es una responsabilidad tan grande que, en cierto sentido, trasciende las atribuciones de un despacho de la Administración Pública Federal. Es un asunto de Estado, en tanto todos quienes integramos los órganos o las instituciones del Estado mexicano, somos corresponsables en garantizar la convivencia y la gobernabilidad democráticas.
En un país tan vasto, complejo y diverso como el nuestro, la política interior no solo requiere articular las relaciones entre Poderes de la Unión y órdenes de gobierno, o facilitar el diálogo entre las fuerzas políticas y los sectores que integran la sociedad mexicana.
Conducir la política interior exige también defender las normas, los principios y las instituciones en que se funda el Estado mexicano: el federalismo, la división de Poderes, la pluralidad democrática, el imperio de la ley, pero sobre todo el respeto irrestricto al régimen de derechos y libertades de las personas.
Hoy nos convoca el análisis de esa conducción, en el marco del Análisis del Tercer Informe del Ejecutivo Federal en materia de política interior.
Y hay que decir que lamentablemente llegamos a este momento en una situación grave, de crisis, de violencia, de seguridad y de derechos humanos.
De crisis migratoria, de crisis de violencia de género, de polarización, de crisis de la institucionalidad democrática, descentralización del poder y de regresión autoritaria. Todo ello, sumado a la crisis de salud y la crisis económica, que hay que decirlo, no son fruto de la pandemia, venía desde antes, pero sin duda la pandemia las ha profundizado.
En este contexto, en el grupo parlamentario del PRI podemos reconocer aciertos, así como señalar insuficiencias, pero, sobre todo, debemos advertir las graves confusiones que persisten.
En primer lugar, se confunde la política interior con la política partidista, al pretender reducir la pluralidad democrática de la sociedad en una falsa dicotomía, en la que se está con el actual gobierno o se está en su contra.
En el balance necesario a la mitad del camino, pareciera que durante tres años solo se ha gobernado para la mitad de la población o para el electorado que votó por el actual gobierno, o solo para aquellos que comparten la visión del actual titular del Ejecutivo Federal.
Bajo esa lógica se ha promovido una polarización social sin precedentes, cuestionando valores y principios que son torales para un Estado democrático de derecho, desmantelando o debilitando las instituciones que garantizan la división de Poderes y el régimen de derechos y libertades que costaron generaciones construir.
El mandato del Ejecutivo Federal es democrático, pero también es democrático, son democráticos los mandatos de la representación popular plural en el Congreso de la Unión y de todos los cargos que emanan del sufragio.
Las responsabilidades públicas se ejercen con una propuesta política en el mundo de las ideas, pero ello no implica descalificaciones a priori o exclusiones basadas en el prejuicio.
En segundo lugar, se confunde al Poder Ejecutivo Federal con el Estado mexicano, violentando reiteradamente la soberanía de las entidades federativas, al tiempo que se rechaza la cooperación con las autoridades estatales y municipales para atender incluso los desafíos más apremiantes.
En el contexto crítico de la emergencia sanitaria y sus graves consecuencias económicas, nuestra reiterada convocatoria es a la unidad nacional, al trabajo conjunto entre sectores, a la colaboración entre órdenes de gobierno. Pero esa convocatoria reiterada desde la oposición no ha encontrado más respuesta que el silencio.
En esta misma dinámica, se ha relegado de la toma de decisiones a los sectores privado y social.
Hoy a la sociedad civil organizada no se le reconoce como interlocutor, sino como disidencia. Con la iniciativa privada en cambio, la buena o mala disposición para dialogar depende en gran medida de afinidades personales, no de los intereses nacionales.
Finalmente, hoy se confunde también la presidencia de la República, la titularidad del Poder Ejecutivo, con el Poder Ejecutivo mismo, personalizando desde la toma de decisiones hasta las relaciones con los otros Poderes de la Unión.
Se han limitado los canales institucionales de interlocución, reduciendo las posibilidades de dialogar y de construir entendimientos. Se ha pasado por encima de las facultades de las dependencias federales y de las atribuciones de sus titulares.
Se ha denostado sistemáticamente a los Poderes y órganos del Estado mexicano, y se ha querido no solo imponer una única visión de lo que debe ser México, sino ignorar y excluir a la pluralidad que representa la diversidad del mosaico nacional.
Compañeras y compañeros, la gobernabilidad democrática requiere facilitar la participación de las fuerzas políticas, de la ciudadanía y de los tres órdenes de gobierno en la definición, la conducción y la evaluación de las grandes metas nacionales.
Para alcanzar esas metas es necesario construir acuerdos con todas las fuerzas políticas del país, fortalecer la cultura democrática de la ciudadanía y abrir más espacios para su participación, privilegiando el diálogo y los entendimientos.
En el grupo parlamentario del PRI consideramos que la designación de un nuevo titular de la Secretaría de Gobernación es una determinación responsable, que reconoció la necesidad de imprimir un cambio de rumbo a la conducción de la política interior de nuestro país. Reconocemos el talante abierto y conciliador con que se ha iniciado este encargo.
Detengamos, compañeras y compañeros, la polarización, la exclusión y a la agresión -concluyo presidenta- que han caracterizado los tres primeros años de esta administración. Hagamos política de construcción de puentes y de entendimientos.
Como senadoras y senadores tenemos que atender grandes retos, los retos del país nos necesitan a todos en una dinámica constructiva.
Y concluyo con un llamado muy puntual a la mayoría y a sus aliados: muy probablemente vamos a analizar las reglas y el arreglo institucional de nuestro sistema electoral, ojalá no hagamos de esa discusión un elemento más de polarización o un intento de revertir el avance democrático del país.
Hay que escucharnos y hay que construir juntos, el andamiaje que México necesita hoy, para fortalecer y no para debilitar a nuestra democracia. Para eso se requieren acuerdos verdaderos y de fondo, no solo la construcción de mayorías calificadas.
Si algo acredita la historia del Siglo XX mexicano, es que nuestra nación es plural y que es en la diversidad donde nos enriquecemos como pueblo, como cultura y como visión del mundo.
Muchas gracias.
Jorge Carlos Ramírez Marín
Con su permiso, honorable presidenta.
Respetables senadoras y senadores.
Cuando hablamos del orden constitucional, del Estado de Derecho, de la responsabilidad de conservarlo a través de la política interior, podemos olvidar, solemos olvidar cuál es el objeto de la Constitución ¿por qué hay una Constitución y por qué hay un Estado de Derecho? Y ese no es otro que la felicidad de las personas.
Y esto, si entendemos que el objetivo de la política interior es salvaguardar la Constitución, el orden constitucional, el Estado de Derecho, entonces como para todas las demás atribuciones de la administración pública, su objetivo último, final, principal, esencial, es la felicidad de las personas.
Y esto lo dice claramente el artículo primero de la Constitución, que hoy quiero recordar utilizando parte de mi tiempo.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados de los que México sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Esto quiere decir que todo aquel que tenga los pies sobre el territorio mexicano, goza de la protección de este artículo primero constitucional, porque para ser todavía más específico, el propio artículo dice:
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico -es decir, de dónde vienes- o nacional -de qué país vienes- de género -si eres hombre o mujer- la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Lo que nos pasa a los políticos es que de tanto hablar de la obligación que tenemos, se nos olvida que esa obligación la tenemos con personas.
Y por eso quiero en el análisis de la política interior del país, hacer un análisis a la luz de este objetivo fundamental de la Constitución, que es la felicidad de las personas, porque todos los días amanece y empieza un capítulo en la vida nacional que escribe una sola persona en lo individual, su historia es la historia nacional.
Y entonces ¿qué hace la administración? ¿cómo está la administración ocupándose de su historia? Ya lo dice la Constitución, la historia de nadie puede ser diferente, así sea haitiano, si ya ha pisado este territorio; así sea priista, o así sea de alguna confesión particular en cuanto a religión, ninguno puede ser objeto de ninguna clase de discriminación, el gobierno es para todos.
Y la obligación del gobierno es para todos, para que se cumpla ese artículo primero, y eso es lo que debe pesarnos cuando revisamos qué hace el gobierno, porque solemos interpretar nuestra obligación a nuestra manera.
El Plan Nacional de Desarrollo actual menciona en sus objetivos de política y gobierno, erradicar la corrupción, el dispendio, la frivolidad, recuperar el Estado de Derecho, separar al poder político y el poder económica.
¿Qué decían los planes anteriores? Uno de ellos, crear las condiciones políticas, económicas y sociales que promuevan los procesos de desarrollo nacional; establecer una nueva cultura de gobierno basada en el Estado de Derecho, la gobernabilidad democrática, el federalismo, la transparencia, garantizar la vigencia del Estado de Derechos. Palabas dichas de un modo o dichas del otro. Al final lo que deberían buscar es la felicidad de las personas.
Cuando amanece, 50 millones de mexicanos salen a trabajar, trabajan 6 millones de ellos en el sector público, 1.2 millones de ellos son maestros. A ellos les interesa el Estado de Derecho, de ese Estado de Derecho depende de que puedan seguir trabajando, que puedan percibir un salario.
Cuando el gobierno no lo preserva, está poniendo en peligro la vida y la felicidad de estas personas.
Cuando el gobierno no crea condiciones para que ese Estado de Derecho garantice la libre empresa y el libre desarrollo de la economía, pone en peligro la situación de estas personas.
El 50 por ciento de ellos trabajan en la informalidad, eso ya es una mala noticia, son sujetos propicios para la extorsión, propicios para el desorden público, pero es peor noticia si el gobierno forma parte de ellos.
Eso que ocurre con los 50 millones de personas, tiene un final más triste cuando el día acaba. Buena parte de ellos fue asaltada en el transporte público, otra parte, simple y sencillamente no llegó a la cena.
Somos un país con 91 mil desaparecidos, con 40 mil cadáveres sin identificar.
Somos un país donde desde hace mucho tiempo dejó de hablar por nuestra raza el espíritu y habla la violencia. Esto es la prioridad del gobierno.
Esta vida de 4.5 millones de niños abusados al año en nuestro país, es la historia que tenemos que cambiar, debiera ser el objetivo de la política interior, debiera estar antes que cualquier reforma electoral, debiera estar antes que cualquier compromiso con cualquier tipo de partido o fuerza política.
Esta es nuestra obligación, o por nuestra raza seguirá hablando la violencia.
Muchas gracias.
Mayuli Latifa Martínez Simón
