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Sin coordinación interinstitucional no hay garantía de vida sin violencia para adolescentes

El Sistema de Justicia, el Sistema de Protección y el Sistema de Prevención deben definir objetivos compartidos y evaluar resultados con base en evidencia.

MONTERREY, NL.- En Nuevo León existe un descuido institucional hacia niñas, niños y adolescentes que ha propiciado que estén expuestos a diversas formas de violencia debido a que no existe una coordinación integral entre las instituciones que deberían protegerles y brindarles seguridad jurídica.

Al respecto, Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director de Institución Renace ABP; y Alejandro Ramírez Martínez, director de Paso de Esperanza, informaron que en Nuevo León no existen protocolos para coordinar el trabajo de las instituciones que deberían brindar esta protección a las personas adolescentes, especialmente en los casos en que entran en contacto con la ley.

A pesar de que Nuevo León tiene constituidos el Sistema de Prevención de la Violencia y la Delincuencia; el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la falta de protocolos no permite que realicen su labor de protección de forma coordinada.

Las instituciones que integran estos tres sistemas deberían propiciar el intercambio de información para tomar decisiones con base en evidencia, sobre el diseño y ejecución de políticas públicas que atienden las necesidades de adolescentes que enfrentan la justicia penal en el estado.

Sánchez Bocanegra presentó un documento co-creado con instituciones públicas, organizaciones sociales y especialistas; donde identifican responsabilidades, mecanismos y acciones concretas que permitan generar estrategias compartidas para asegurarle a la población adolescente el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal

Además, destacó la necesidad de poner atención en la manera en que se están resolviendo los casos de justicia penal para adolescentes. Durante 2019, del total de mil 827 resoluciones de casos penales que involucran a personas adolescentes, 870 se judicializaron y 957 no se judicializaron.

Explicó que, de estos 957 casos,721 fueron resoluciones por perdón, inhibitoria o remisión, acumulación de carpetas, o no ejercicio, representando el 39% del total de casos. Es decir, en el 39% de total de casos resueltos. el Sistema de Justicia no asume su responsabilidad de prevención puesto que no emite medidas de carácter socioeducativo que aseguren la atención de las causas que provocaron la conducta calificada como delito.

El Instituto de Justicia Procesal Penal coordinó la redacción final del documento, por lo que su director, Javier Carrasco Solís, explicó que esta propuesta de solución permitiría consolidar finalmente los trabajos para que todo el sistema de instituciones pueda brindar la protección que requieren las personas adolescentes.

Coincidieron en que las personas adolescentes se encuentran especialmente expuestas a condiciones de vulnerabilidad derivado de la falta de coordinación, por lo que esta iniciativa, que es la primera en su tipo en Nuevo León, permitiría evaluar los avances con miras a llegar a una vida libre de violencias.

Los ponentes explicaron que, para logar esta coordinación, es necesario que opere con regularidad la Subcomisión de Justicia del SIPINNA Nuevo León, además de asegurar que la información generada por cada institución debe ser integrada a través de una Unidad de Análisis para medir resultados de las acciones de prevención.

Esta podrá operarse desde la Subcomisión de Justicia, o bien desde el Centro Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León.

Se hizo un llamado para que la Subsecretaría de Prevención de la Violencia y la Delincuencia cumpla con la obligación legal de publicar el Programa Estatal de Prevención de la Violencia, para poder instrumentar acciones de evaluación de las políticas públicas.

Además, se pidió que la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFNL), a través del SIPINNA, publique el Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Foto: Archivo (Ilustrativa)

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