El Gobierno de Canadá emitió una alerta de viaje por violencia en 13 estado de México entre los que se encuentra Morelos ante la frecuencia de delitos violentos como homicidios, secuestros, robos de vehículos y extorsiones.
No resulta exagerado que si existiera un sistema de alertas de viajes entre las entidades federativas, seguramente Morelos figuraría en todas ellas.
Y es que en la Comisión de Derechos Humanos de Morelos no nos resulta extraña esta alerta de viaje puesto que hemos sido enfáticos en señalar -y nos han querido callar por eso- que en materia de seguridad el Gobernador Cuauhtémoc Blanco le ha fallado a las y los morelenses a tres años de gobierno; tres años de tragedia frente a la falta de resultados.
A las cifras nos remitimos:
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, los “resultados” (entre comillas) en lo que va de este Gobierno son infames: se han cometido casi mil ochocientos delitos de abuso sexual, más de mil quinientas violaciones, cerca de quinientas extorsiones, ciento veintitrés feminicidios, más de cuatro mil homicidios de los cuales dos mil quinientos son dolosos, arriba de tres mil delitos de narcomenudeo y a como vamos cerraremos el año rebasando por mucho los sesenta mil robos.
Ahora, de estos números, destaco los homicidios dolosos y feminicidios que superan los dos mil quinientos en esta administración de Cuauhtémoc Blanco, de los cuales el comisionado de seguridad pública Ortíz Guarneros informó en su reciente comparecencia ante el Congreso del Estado el triste y deshonroso resultado de 26 detenciones en flagrancia, que suponiendo que sean ciertas, revela una “efectividad” (otra vez entre comillas) del 1% (uno por ciento), es decir, que de cien delitos de homicidio doloso y feminicidio la policía NO detiene a noventa y nueve, fomentando con ello la impunidad en estos crímenes. En Morelos, el que priva de la vida a otro tiene el noventa y nueve por ciento de probabilidad de que no sea detenido.
Naturalmente, esto se explica algo que también hemos señalado desde la Comisión -y que el gobierno se ha atrevido con singular descaro a calificar de generador de miedo, cuando que el miedo lo propician ellos mismos por no dar resultados-, y es que el Poder Ejecutivo no cumple con su obligación de invertir en inteligencia ni en tecnología, no hay suficientes cámaras de videovigilancia y lo peor es que la mitad de ellas no funcionan, no hay suficientes elementos de seguridad en las calles, la policía de proximidad no existe (lo confesó el comisionado Guarneros en su comparecencia). No podemos calificar de buena o mala la estrategia de seguridad porque claramente ni siquiera existe.
La ausencia de autoridad está generando hartazgo, desconfianza y un sentimiento de lejanía de la sociedad respecto de su gobierno por la falta reiterada y sistemática del cumplimiento y aplicación de la ley así como la incapacidad de las instituciones de seguridad pública para salvaguardar nuestra integridad, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros derechos, bienes y posesiones; de ahí que estén proliferando los hechos de violencia colectiva como los recientes acontecimientos en Huitzilac, en los que por cierto el Secretario de Gobierno confesó públicamente haber tomado la decisión homicida de dejar que la población matara a dos personas.
En otras ocasiones he sostenido que Morelos es de los lugares más riesgosos para ser mujer, para ejercer el periodismo, para las y los defensores de derechos humanos. Pero por si esto fuera poco, que no lo es, hoy también manifiesto que el Gobernador Cuauhtémoc Blanco es responsable de que nuestra entidad sea una de las más peligrosas para el simple hecho de ser persona, porque nuestros derechos y libertades están en permanente amenaza de la delincuencia frente a la expectación de su gobierno.
Morelos está muy lejos de ser un estado moderno, vivimos una regresión a tiempos medievales. El fracaso en la estrategia de seguridad pública debe preocuparnos a todas las instituciones y el Congreso del Estado tiene un papel central en este tema dado que es el facultado para fincar al Gobernador Cuauhtémoc Blanco la responsabilidad derivada de la pérdida de la confianza que los nulos resultados ha generado en la ciudadanía.
