Una alternativa frente a los estragos sociales y económicos causados por la pandemia en México es la economía social y solidaria, que se enfoca en la valoración del ser humano, promueve el desarrollo sostenible, duradero e incorpora los valores universales de fraternidad, equidad, justicia económica y solidaridad, planteó el maestro Raymundo Soto Sánchez, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Esa propuesta representa una estrategia integral para mitigar la pobreza y la marginación social, ya que parte de la promoción de proyectos productivos legitimados en los que las actividades a desarrollar son definidas por la propia comunidad, apuntó el investigador del Departamento de Administración de unidad Azcapotzalco.
Al participar en el 1er Foro UAM para repensar la economía social y solidaria señaló que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre 2018 y 2020 la población en pobreza aumentó en 3.8 millones de personas, pasando de 51.9 a 55.7 millones de mexicanos en esa condición.
“Ese fenómeno multidimensional que incluye las carencias por ingresos, acceso a la salud y la educación se ha incrementado a tal grado que la gente que vive en pobreza extrema llegó a 11 millones de personas, con una carencia de 3.6 en promedio”, sentenció.
El investigador explicó en la conferencia Aumento de los niveles de pobreza en México a causa de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 que si los habitantes padecen de dos carencias están en pobreza, pero al tener tres o más carencias están en pobreza extrema.
Los mexicanos sin acceso a los servicios de salud aumentaron también, pues anteriormente con el seguro popular se atendía al 42.1 por ciento y ahora solo tiene acceso el 26.9 por ciento de la población.
Mientras previo a la propagación del COVID-19 los estados más pobres eran Oaxaca, Guerrero y Chiapas, ahora también en Nuevo León, Baja california Sur y la Ciudad de México crecieron los niveles de pobreza, paradójicamente “ha incrementado en la gestión de un gobierno que tiene como slogan combatir ese flagelo”, por lo cual hacen falta mayor sensibilidad y autocrítica para implementar políticas que contribuyan a mitigar las afectaciones causadas por la pandemia.
Ante este panorama resulta imperativo impulsar la economía social y solidaria, que se enfoca en iniciativas a cargo de organizaciones y grupos sociales que realizan sus aportaciones para emprender proyectos comunitarios.
“A pesar de que es el sector social en el que mayor población existe, es la forma de organización que recibe menos recursos económicos resultado de sus actividades, mientras la economía solidaria promueve el trabajo común, el consumo compartido con vínculos colectivos –compartir en lugar de competir–repartir en forma solidaria las utilidades, prevaleciendo el ser humano en el centro por encima de la lógica de ganancia”.
El doctor Roberto Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa, enfatizó que el COVID-19 ha transformado la realidad económica.
Al cierre del sexenio actual el Producto Interno Bruto (PIB) será cercano a cero y el PIB per cápita por ahora no ha recuperado el nivel anterior, siendo 4.3 por ciento inferior.
Como consecuencia de la emergencia sanitaria el sector secundario reportó un descenso de la actividad económica de 4 por ciento; el terciario, 4.3 y el único que creció en 4.7 por ciento fue el primario, en tanto que la industria manufacturera tiene un nivel negativo en 2.9 por ciento.
El investigador citó que debido a la crisis sanitaria en el país cerca de dos millones de personas se han sumado a la población económicamente no activa, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Índice de Desarrollo Humano de México en 2019 era de 0.779 puntos, lo cual se explica por el rezago de la formación bruta de capital y porque “México eligió desde 1992 un patrón de crecimiento hacia afuera con acento en las manufacturas”.
La apertura económica de la nación, que inició de manera formal en 1986 con el ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), pasó de 75.9 por ciento en 2018 a 75.5 en 2020, en tanto otras naciones de América Latina presentan un menor índice de apertura al exterior.
A nivel regional, México destinó menos recursos fiscales para combatir la pandemia –apenas uno por ciento– frente a países emergentes que invirtieron cerca de diez por ciento, lo cual causará una deuda social que en algún momento habrá de ser subsanada.
Sin embargo, “el saldo de la inversión extranjera directa ha mantenido una tendencia decreciente que se agudizó por el COVID-19 y que ha afectado principalmente al sector turismo y la industria automotriz y de autopartes”, finalizó.
