Ante las deplorables condiciones físicas, administrativas, presupuestales y humanas en que
operan las 23 prisiones estatales es necesario revisar a fondo el Reglamento estatal y sus
protocolos, impulsar las reformas necesarias para una procuración de justicia más expedita, un
mejor modelo penitenciario y la creación de comisiones legislativas a nivel nacional y estatal como
la Especial del Sistema Penitenciario de la LXI Legislatura, expuso el diputado Mario Ariel Juárez
Rodríguez, en el Foro “Hacia un modelo penitenciario que respete los derechos humanos”.
En la sede del Congreso mexiquense, ante familiares de internos que demandan su
amnistía y/o liberación por considerar que fueron apresados y sentenciados injustamente, el
legislador explicó que serán por lo menos cinco foros más que las personas expongan sus
experiencias relacionadas con la situación de sus familiares presos, en particular de quienes
presumiblemente son inocentes, y propongan soluciones para mejor el sistema penitenciario que
violenta los derechos básicos de los y las internas y el sistema judicial.
El presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario coincidió con las y los
participantes en que el sistema adolece de sobrepoblación, pues si bien la capacidad instalada es
de unos 14 mil internos, se tiene un registro a 2019 de casi 30 mil, en tanto que entre 2019 y 2020
el incremento de personas privadas de su libertad fue dos mil 381 personas, que enfrentan
vandalismo y extorsiones, hacinamiento, riñas, falta de personal operativo y de custodios entre
otros, problemas que urge atender, afirmó.
En presencia de la diputada Yésica Yanet Rojas Hernández, Sandra Guadalupe Izquierdo
Montes, de la Organización de la Sociedad Civil Reinserta.org, expuso los fines de esta ONG, y
dijo que hoy se hace énfasis en la prevención del delito, en la atención de los y las adolescentes
infractores y en la reinserción más que en la readaptación. Asimismo, el activista José
Humbertus Pérez Espinoza, expuso que en la entidad la fabricación de culpables es una política
de estado a través del sistema penal acusatorio.
